Cesó OTRA horrible noche, terminó la Petro Pandemia

Cesó OTRA horrible noche, terminó la Petro Pandemia

Para evaluar los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro conviene empezar por una premisa metodológica: no es correcto atribuirle al gobierno entrante todos los problemas existentes en 2022, pero tampoco adjudicar automáticamente todos los resultados positivos posteriores. El punto de partida ya mostraba una economía en fuerte recuperación, aunque con desequilibrios importantes.

Colombia llegó a agosto de 2022 después del choque extraordinario de la pandemia. La economía había sufrido una fuerte contracción en 2020, pero posteriormente experimentó una recuperación muy acelerada. En 2021 el PIB creció 11%, y en 2022 la economía terminó creciendo 7,5%, según el FMI. Por tanto, Petro recibió una economía que estaba creciendo con mucha fuerza, aunque parte de ese crecimiento correspondía al proceso de reapertura y normalización posterior a la pandemia. El propio FMI señalaba antes de la posesión que Colombia tenía marcos macroeconómicos relativamente sólidos —régimen de inflación, tipo de cambio flexible, regla fiscal y supervisión financiera— y proyectaba que el crecimiento de 2022 continuaría por encima del potencial.

El principal problema macroeconómico que heredó el nuevo gobierno era, sin embargo, la inflación. En diciembre de 2021 ya había alcanzado 5,62%, muy por encima de la meta del Banco de la República del 3%. Para comienzos de 2022 el Banco identificaba como causas los choques internacionales de alimentos y energía, las disrupciones de las cadenas de suministro, la depreciación del peso, la indexación de precios y la recuperación de la demanda interna. La guerra entre Rusia y Ucrania agravó posteriormente las presiones sobre alimentos, combustibles y materias primas. Es importante este punto porque permite evitar una interpretación políticamente simplista: Petro recibió una inflación que ya estaba aumentando antes de comenzar su gobierno y que tenía componentes internacionales muy fuertes.

También recibió un déficit fiscal elevado, producto en buena medida de la respuesta estatal a la pandemia. El déficit del Gobierno Nacional Central había llegado a 7,1% del PIB en 2021, aunque ya estaba descendiendo. Para 2022, el Ministerio de Hacienda proyectaba un déficit de aproximadamente 5,5% del PIB, después del ajuste frente al año anterior. La deuda bruta del Gobierno Nacional Central había alcanzado alrededor de 63,8% del PIB en 2021, y el Gobierno saliente esperaba que comenzara a reducirse. Por tanto, Petro heredó unas finanzas públicas tensionadas, pero no una situación de insolvencia: Colombia mantenía una regla fiscal, acceso a mercados internacionales y una línea de crédito flexible del FMI por US$9.800 millones, concedida precisamente porque el Fondo consideraba sólidos los fundamentos y marcos institucionales de política económica del país.

Otro desequilibrio importante era el déficit externo. El déficit de cuenta corriente había pasado de 3,4% del PIB en 2020 a 5,7% en 2021, debido principalmente a que la demanda interna crecía más rápidamente que la capacidad de producción nacional y a mayores pagos de utilidades al exterior. El Banco de la República advertía en marzo de 2022 que este desequilibrio podría ser más difícil de financiar en un contexto internacional de mayores tasas de interés. Al mismo tiempo, los elevados precios internacionales del petróleo y otras materias primas favorecían las exportaciones colombianas y constituían un importante soporte para las cuentas externas.

En materia social, el punto de partida también era complejo. La pobreza monetaria en 2022 fue de 36,6% y la pobreza monetaria extrema de 13,9%, según el DANE. No obstante, estas cifras deben interpretarse teniendo presente el enorme impacto que había producido la pandemia sobre los ingresos de los hogares. En pobreza multidimensional, el país registró 12,9% en 2022, frente a 16% en 2021, mostrando que la recuperación social ya estaba produciéndose antes de que pudiera evaluarse plenamente la nueva administración.

El mercado laboral también estaba recuperándose. El país venía de niveles de desempleo excepcionalmente altos durante la pandemia y para 2022 mostraba una recuperación significativa del empleo. Por ello, cualquier evaluación posterior del gobierno Petro debe utilizar como referencia la tendencia previa a agosto de 2022, y no solamente comparar el último dato de 2026 con el dato del día de su posesión.

En términos técnicos, Petro recibió una economía que simultáneamente tenía fortalezas y vulnerabilidades: crecimiento muy elevado, recuperación del empleo, instituciones macroeconómicas relativamente sólidas y precios internacionales favorables para las exportaciones; pero también inflación creciente, déficit fiscal todavía alto, deuda elevada, déficit externo considerable y una economía que dependía fuertemente de hidrocarburos y materias primas.

Esto es fundamental para evaluar su gestión. El gobierno no recibió ni una economía en ruinas ni una economía completamente saneada. Recibió una economía en recuperación después de una crisis extraordinaria, con desequilibrios que exigían correcciones y con un escenario internacional particularmente incierto. El desempeño de los cuatro años debe juzgarse entonces preguntando qué ocurrió con esos desequilibrios, cuáles mejoraron por decisiones gubernamentales, cuáles fueron resultado de la política monetaria o del entorno internacional y cuáles se agravaron durante su administración.

Economía y finanzas públicas

El balance económico del gobierno Petro debe separarse en dos dimensiones: desempeño de la economía real y manejo de las finanzas públicas. En ambos casos el resultado es mixto: hubo avances importantes en empleo, recuperación del crecimiento después de la desaceleración de 2023 y reducción de la inflación desde los máximos de 2022-2023, pero también un deterioro fiscal significativo, aumento de la deuda y una inversión privada más débil, especialmente en sectores estratégicos.

En materia de crecimiento, Petro recibió una economía que venía de crecer excepcionalmente después de la pandemia: el PIB aumentó 7,5% en 2022. El problema fue que ese ritmo no era sostenible. En 2023 el crecimiento cayó a apenas 0,6%, reflejando el ajuste de una economía que había tenido un fuerte exceso de demanda, tasas de interés elevadas y una inflación todavía alta. En 2024 la economía se recuperó hasta 1,7% y en 2025 alcanzó 2,6%, según el DANE. Para el primer trimestre de 2026 el crecimiento interanual fue de 2,2%. Por tanto, no es técnicamente correcto afirmar que el gobierno "hundió" la economía, pero tampoco que produjo un período de alto crecimiento: después del fuerte rebote de 2022, Colombia atravesó una marcada desaceleración y posteriormente una recuperación moderada.

Un elemento favorable fue el mercado laboral. La recuperación del empleo continuó durante el período y el desempleo se redujo respecto de los niveles extraordinarios registrados durante la pandemia. Sin embargo, el problema estructural de Colombia —la elevada informalidad— no desapareció. Esto es importante porque una disminución del desempleo no equivale automáticamente a una transformación estructural del mercado laboral: buena parte de los nuevos puestos continúa concentrándose en actividades de baja productividad e informalidad. El balance, por tanto, es positivo en cantidad de empleo, pero mucho más limitado en calidad y productividad.

El comportamiento de la inflación es uno de los resultados que más debe matizarse. El IPC llegó a un máximo anual de 13,34% en marzo de 2023, después de haber comenzado a aumentar antes de la llegada de Petro. Posteriormente descendió de manera significativa. Sin embargo, no sería correcto atribuir todo ese descenso al Gobierno: tuvo un papel fundamental el Banco de la República mediante una política monetaria fuertemente restrictiva, además de la normalización de los precios internacionales y la corrección de algunos choques de oferta. A mediados de 2026, sin embargo, apareció nuevamente presión inflacionaria: el IPC anual llegó a 6,14% en junio, muy por encima de la meta de 3%. El Banco de la República elevó su tasa de política hasta 12% en julio de 2026, argumentando que la inflación y la inflación básica se estaban alejando nuevamente de la meta.

Aquí aparece uno de los puntos más interesantes para evaluar la política económica de Petro: el Gobierno aumentó considerablemente el gasto público y realizó una reforma tributaria para obtener mayores ingresos, pero no consiguió mantener una trayectoria fiscal suficientemente sólida. En 2024 el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó 6,7% del PIB, equivalente a unos $114,5 billones, frente a 4,2% en 2023. La deuda bruta llegó a 61,6% del PIB, aumentando 5,3 puntos porcentuales en un solo año. El propio Ministerio de Hacienda atribuyó parte del deterioro a menores ingresos tributarios, mayor gasto, depreciación del peso y mayores costos financieros.

El problema fiscal se convirtió en uno de los principales cuestionamientos técnicos al Gobierno. La discusión no consiste simplemente en decir que "Petro gastó mucho", porque Colombia ya tenía obligaciones fiscales importantes y el gasto social también responde a necesidades reales. El problema es la relación entre ingresos permanentes, gasto permanente y capacidad de financiación. Cuando el Estado aumenta compromisos permanentes sin contar con ingresos estructurales suficientes, termina dependiendo de mayor endeudamiento o de nuevos ingresos tributarios. Eso aumenta el costo financiero y reduce el espacio disponible para inversión pública futura.

La reforma tributaria de 2022 constituyó uno de los principales logros legislativos del Gobierno. Permitió aumentar los ingresos tributarios y buscó hacer más progresivo el sistema mediante mayores cargas sobre personas de altos ingresos, dividendos, patrimonio y sectores extractivos. Sin embargo, su efecto recaudatorio no fue suficiente para resolver estructuralmente el déficit. En 2024, por ejemplo, la caída de los ingresos tributarios contribuyó decisivamente al deterioro fiscal. Esto demuestra una limitación importante: una reforma tributaria puede aumentar la capacidad de recaudo, pero no sustituye una reforma estructural del gasto público ni garantiza por sí sola sostenibilidad fiscal.

Otro punto crítico fue la inversión. Durante buena parte del período se produjo una fuerte desaceleración de la inversión privada, particularmente en construcción y algunos sectores productivos. Las altas tasas de interés tuvieron un papel fundamental, pero también existió incertidumbre asociada a cambios regulatorios, reformas y a la política energética del Gobierno. Aquí resulta difícil establecer causalidad absoluta: no todo el descenso de la inversión puede atribuirse a Petro, pero tampoco puede ignorarse que la incertidumbre sobre reglas futuras puede afectar las decisiones empresariales de largo plazo.

La política energética constituye otro elemento central del balance económico. El Gobierno planteó una transición hacia una economía menos dependiente del petróleo y del carbón y decidió no promover nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La intención era avanzar hacia una economía más diversificada y compatible con la transición climática. El problema económico consiste en que los hidrocarburos continúan siendo una fuente importante de exportaciones, divisas, regalías e ingresos fiscales. Por ello, una transición energética sin una expansión suficientemente rápida de nuevos sectores exportadores puede generar un problema de balanza de pagos y de ingresos públicos. El desafío no es simplemente abandonar los combustibles fósiles, sino sustituir simultáneamente los ingresos y las divisas que generan.

También debe reconocerse un resultado favorable: la economía colombiana mantuvo estabilidad financiera y acceso a los mercados internacionales, a pesar del deterioro fiscal. El país conservó reservas internacionales y un sistema financiero que continuó funcionando con normalidad. Esto es importante porque significa que el deterioro fiscal no desembocó en una crisis macroeconómica o financiera. Colombia llegó al final del período con problemas fiscales importantes, pero no en una situación comparable con una crisis de deuda soberana.

El balance económico del gobierno Petro puede resumirse así: positivo en recuperación del empleo y reducción de la inflación desde sus máximos; moderado en crecimiento; y negativo en materia de sostenibilidad fiscal. La economía no colapsó ni perdió sus fundamentos macroeconómicos, pero tampoco experimentó el salto de productividad e inversión que prometía el discurso de transformación económica. El mayor problema heredado —la desigualdad y la pobreza— mostró mejoras, pero el Gobierno no logró resolver los problemas estructurales de productividad, informalidad y diversificación exportadora.

La principal alerta al cierre del período está en las finanzas públicas: déficit elevado, deuda creciente, mayor costo financiero y dificultades para cumplir simultáneamente las metas de gasto social e inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce que la política fiscal enfrenta restricciones importantes y que el ajuste será una de las tareas centrales para los próximos años.

Petro no deja una economía en crisis, pero sí deja una economía con una posición fiscal considerablemente más exigente y con el reto de recuperar inversión y productividad. Su principal logro económico fue sostener la recuperación social y laboral sin una crisis macroeconómica; su principal debilidad fue no lograr convertir esa recuperación en un proceso de mayor crecimiento potencial acompañado de unas finanzas públicas suficientemente sostenibles.

Empleo, pobreza e inflación

Este es probablemente uno de los capítulos donde más fácilmente se puede caer en una interpretación política de las cifras. El Gobierno Petro puede mostrar una reducción importante del desempleo y de la pobreza, pero sería incorrecto concluir de allí que todo el empleo creado es empleo de buena calidad o que toda la reducción de la pobreza es atribuible exclusivamente a sus políticas. Los datos del DANE permiten hacer una evaluación bastante más precisa.

En materia de empleo, el resultado es objetivamente favorable en cantidad. Para mayo de 2026, la tasa de desempleo nacional fue de 8,0%, un punto porcentual menos que un año atrás, mientras la tasa de ocupación llegó a 59,7%. Esto significa que hay más personas ocupadas y una menor proporción de personas desempleadas. Por tanto, no sería técnicamente correcto afirmar que el Gobierno "no generó empleo".

Pero aquí aparece el matiz fundamental: Colombia no puede evaluar su mercado laboral únicamente por el número de ocupados. La informalidad continúa siendo enorme. Entre marzo y mayo de 2026, el 54,7% de los ocupados era informal; en las zonas rurales la proporción alcanzaba un extraordinario 82,9%. Es decir, aproximadamente uno de cada dos trabajadores colombianos continúa estando en condiciones de informalidad.

Por eso, la afirmación de que "la recuperación del empleo fue solamente informal" no está respaldada por los datos actuales. La tasa de informalidad no aumentó durante todo el período; de hecho, en marzo-mayo de 2026 fue 1,2 puntos menor que un año antes. En mayo-julio de 2025 también había descendido ligeramente, de 55,9% a 55,0%. Lo que sí puede sostenerse, y es mucho más contundente técnicamente, es que la reducción de la informalidad ha sido insuficiente para transformar estructuralmente el mercado laboral colombiano. Más de la mitad de los ocupados sigue trabajando en condiciones que limitan su acceso estable a seguridad social, pensión y protección laboral.

Además, existe un problema de productividad. Un mercado laboral donde más de la mitad de los trabajadores permanece en la informalidad dificulta aumentar la productividad, recaudar impuestos, ampliar la cobertura pensional y mejorar la estabilidad de los ingresos. El propio DANE muestra que la informalidad empresarial multidimensional permaneció en 90,2% en 2024, sin cambios frente a 2023. Esto revela que el problema no es solamente laboral: existe una estructura empresarial ampliamente informal que limita la capacidad de la economía para generar empleo formal y productivo.

En pobreza, en cambio, el balance es claramente favorable. Colombia pasó de una pobreza monetaria de 36,6% en 2022 a 28,0% en 2025, una reducción de 8,6 puntos porcentuales. En términos de personas, el DANE estima que en 2025 había alrededor de 14,45 millones de personas en pobreza monetaria, frente a 16,24 millones en 2024: cerca de 1,79 millones de personas menos en un solo año.

También disminuyó la pobreza extrema. Esto constituye uno de los resultados sociales positivos que un balance serio del Gobierno debe reconocer. Sin embargo, nuevamente hay que evitar atribuir todo el resultado a una sola política gubernamental: en la evolución del ingreso de los hogares intervienen el empleo, los salarios, las transferencias públicas, las remesas, la inflación, la actividad económica y otros factores. El hecho estadístico de la reducción de la pobreza es claro; la magnitud exacta de cuánto corresponde a cada política requiere un análisis de causalidad que no puede deducirse simplemente de la comparación entre años.

Además, persiste una enorme desigualdad territorial. En 2025 la pobreza monetaria fue de 24,6% en las cabeceras municipales, pero alcanzó 39,5% en los centros poblados y zonas rurales dispersas. Es decir, la pobreza rural fue aproximadamente 15 puntos porcentuales superior a la urbana. Este dato es especialmente importante para evaluar el discurso de transformación social del Gobierno: Colombia mejoró en pobreza, pero continúa teniendo una profunda brecha rural-urbana.

Inflación: una victoria que no puede atribuirse al Gobierno

La inflación constituye otro resultado que requiere mucha precisión. Colombia cerró 2022 con una inflación de alrededor del 13% y alcanzó su máximo de 13,34% en marzo de 2023. Posteriormente comenzó un proceso sostenido de descenso: cerró 2023 en 9,3% y 2024 en 5,2%. El Banco de la República atribuye buena parte de esa corrección a la política monetaria restrictiva, que redujo la demanda, junto con la desaparición de algunos choques de oferta y mejores condiciones cambiarias.

Esto es fundamental para el balance político: la caída de la inflación es un logro para la economía colombiana, pero no puede presentarse como un resultado exclusivo de la política del Gobierno Petro. De hecho, la principal herramienta utilizada para contenerla —las tasas de interés— fue manejada de manera autónoma por el Banco de la República. La tasa de política llegó a niveles históricamente altos y posteriormente comenzó a reducirse conforme disminuía la inflación.

Al mismo tiempo, la inflación elevada tuvo un efecto particularmente fuerte sobre los hogares pobres porque los alimentos y bienes básicos tienen un peso mayor dentro de su presupuesto. Por eso, aunque la inflación anual haya descendido, eso no significa que los precios hayan regresado a los niveles de 2021 o 2022. Una inflación de 5% significa que los precios continúan aumentando; simplemente lo hacen más lentamente.

El resultado puede sintetizarse de esta manera: Petro termina con mejores indicadores de empleo y pobreza que los existentes al comienzo de su mandato, pero Colombia continúa teniendo un problema estructural de informalidad, productividad y calidad del empleo. La reducción de la pobreza es uno de los logros sociales más claros del período y debe reconocerse. Sin embargo, sería exagerado convertir la reducción del desempleo en una prueba de transformación estructural del mercado laboral.

La principal debilidad está precisamente en la calidad del crecimiento laboral: aunque la informalidad ha bajado ligeramente y no es correcto decir que todo el empleo nuevo sea informal, más de la mitad de los trabajadores continúa en la informalidad y la brecha rural es gigantesca. Por eso, el desafío que queda no es simplemente "crear empleo", sino crear empleo formal, productivo, estable y con protección social.

Y en inflación, el balance es aún más claro: se produjo una importante desinflación, pero esta fue resultado de una combinación de política monetaria del Banco de la República, corrección de choques externos y de oferta, comportamiento cambiario y moderación de la demanda; no puede atribuirse exclusivamente al Gobierno.

El Gobierno Petro puede exhibir como uno de sus principales resultados la reducción de la pobreza y del desempleo. Pero si la pregunta es si logró transformar estructuralmente las condiciones laborales de Colombia, la respuesta es mucho más prudente: todavía no. La informalidad continúa afectando a más de la mitad de los ocupados y la productividad laboral sigue siendo uno de los grandes pendientes del país.

La pobreza disminuyó según el indicador oficial, pero convertir ese dato en la afirmación de que los colombianos son sustancialmente más ricos o que el problema de pobreza está resuelto sería una interpretación política que las cifras no permiten sostener

Reforma tributaria y manejo fiscal

La reforma tributaria de 2022 (Ley 2277) fue uno de los principales instrumentos económicos del gobierno Petro. Su propósito declarado fue aumentar el recaudo, hacerlo más progresivo y financiar el gasto social. La reforma elevó la tributación de personas de mayores ingresos y patrimonios, creó impuestos saludables y ambientales y aumentó la carga efectiva sobre sectores extractivos, especialmente petróleo y carbón. En su diseño inicial, el Gobierno estimaba un recaudo adicional de alrededor de $21,5 billones en 2023, que aumentaría gradualmente hasta $24,4 billones en 2026.

Desde el punto de vista de progresividad, la reforma sí produjo un cambio relevante. El Gobierno buscó trasladar una mayor proporción de la carga tributaria hacia contribuyentes con mayor capacidad económica. Por ejemplo, Hacienda calculaba que aproximadamente dos de cada tres pesos del nuevo impuesto de renta sobre personas naturales serían aportados por personas con ingresos superiores a $20 millones mensuales. También se estableció un impuesto permanente al patrimonio y mayores cargas para determinados sectores. Esto permite reconocer un logro: la reforma hizo más progresivo el sistema tributario en algunos de sus componentes.

El problema aparece cuando se analiza la reforma no solamente por cuánto recaudó, sino por qué tan sostenible resultó ese recaudo frente al gasto público. El Gobierno recibió en 2022 un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cercano al 5,3% del PIB y proyectó reducirlo a 3,8%-4,3% en 2023, apoyándose precisamente en el mayor recaudo tributario. En efecto, el déficit terminó en 4,2% del PIB en 2023, una mejora frente a 2022, mientras la deuda neta descendió hasta 52,8% del PIB. Es decir, el primer año completo del Gobierno no muestra un deterioro fiscal: hubo una consolidación importante en 2023.

Sin embargo, esa trayectoria cambió posteriormente. En 2024 el déficit del Gobierno Nacional Central se elevó fuertemente y las cuentas fiscales volvieron a quedar bajo presión. El problema central fue que el aumento de ingresos obtenido con la reforma no fue suficiente para financiar el crecimiento de los compromisos de gasto y, simultáneamente, mantener una senda fiscal cómoda. Aquí está uno de los principales puntos de crítica al manejo económico del Gobierno: aumentar impuestos puede mejorar los ingresos del Estado, pero si el gasto permanente crece más rápidamente que los ingresos permanentes, el problema fiscal reaparece.

También debe considerarse que el recaudo tributario estuvo afectado por la desaceleración económica. La economía pasó de crecer 7,5% en 2022 a apenas 0,6% en 2023, lo cual redujo la dinámica de algunas bases tributarias. Esto demuestra una tensión importante: una política fiscal expansiva puede estimular determinados sectores y financiar programas sociales, pero cuando la economía se desacelera el Estado tiene menos ingresos precisamente cuando las necesidades de gasto permanecen.

Otro elemento importante fue la dependencia de ingresos extraordinarios relacionados con el sector minero-energético. La reforma incrementó la tributación de petróleo y carbón, pero al mismo tiempo el Gobierno redujo su apuesta por nuevos proyectos de hidrocarburos. Esto plantea un desafío fiscal de largo plazo: Colombia necesita sustituir progresivamente los ingresos provenientes de los hidrocarburos por nuevas fuentes de actividad económica y tributaria. La transición energética puede ser ambientalmente necesaria, pero fiscalmente exige una estrategia de sustitución de ingresos y exportaciones.

En materia de regla fiscal, el balance también es complejo. El Gobierno inicialmente presentó su política como compatible con la regla fiscal y en 2023 logró incluso un pequeño sobrecumplimiento. Sin embargo, posteriormente las restricciones fiscales se hicieron mucho más severas. Para 2026 el propio Gobierno ha tenido que recurrir nuevamente a una estrategia de consolidación fiscal y, en julio de 2026, el CONFIS activó la cláusula de escape de la regla fiscal ante el desajuste macroeconómico.

Esto es particularmente importante para el balance final porque muestra que el problema fiscal no puede reducirse a "Petro subió los impuestos" o "Petro gastó demasiado". La cuestión técnicamente relevante es si el Gobierno consiguió aumentar los ingresos estructurales al mismo ritmo que aumentaron los compromisos permanentes del Estado. La evidencia apunta a que no lo consiguió plenamente.

¿Cuál es entonces el balance?

La reforma tributaria de 2022 puede considerarse uno de los logros legislativos más importantes del Gobierno: aumentó el recaudo y modificó la estructura tributaria hacia una mayor progresividad. Pero su resultado fiscal debe calificarse como insuficiente para resolver estructuralmente el problema de las finanzas públicas. El Estado terminó necesitando nuevamente ajustes, mayor control del gasto y medidas adicionales de consolidación.

La paradoja del Gobierno Petro es interesante: consiguió aumentar considerablemente la capacidad tributaria del Estado, pero no logró convertir ese mayor recaudo en una posición fiscal suficientemente holgada y sostenible. En otras palabras, el problema no fue únicamente cuánto logró recaudar, sino cuánto se comprometió a gastar y qué tan permanentes eran los ingresos que financiaban esos compromisos.

La reforma tributaria fue exitosa en aumentar y hacer más progresivo el recaudo, pero insuficiente como solución estructural al déficit. El Gobierno logró inicialmente mejorar las cuentas fiscales, especialmente en 2023, pero posteriormente el aumento del gasto, el menor dinamismo económico, el costo de la deuda y la debilidad de algunos ingresos volvieron a colocar las finanzas públicas bajo una presión considerable.

Salud

La salud es probablemente el área más controvertida del gobierno Petro, porque aquí confluyen un problema estructural que viene de varios gobiernos, una propuesta de reforma profunda del modelo y una crisis de funcionamiento que se agravó durante el período. Por eso conviene separar tres asuntos: qué problemas heredó el Gobierno, qué intentó cambiar y qué resultados produjo realmente.

Petro recibió en 2022 un sistema de salud con cobertura prácticamente universal, pero con problemas estructurales de cartera entre EPS e IPS, dificultades financieras de varias EPS, barreras de acceso y desigualdades territoriales. No se trata, por tanto, de una crisis creada por este Gobierno. La propia información oficial muestra que de las 157 EPS autorizadas desde 1994, 130 habían sido liquidadas o estaban en proceso de liquidación, lo que evidencia que la fragilidad financiera del aseguramiento es un problema acumulado durante décadas.

El Gobierno Petro decidió enfrentar ese problema mediante una transformación estructural: fortalecer la red pública, llevar atención primaria directamente a los territorios y modificar el papel de las EPS. La reforma a la salud, sin embargo, se convirtió en una de sus principales derrotas políticas: no consiguió que el Congreso aprobara el proyecto en los términos planteados por el Ejecutivo. Posteriormente el Gobierno avanzó parcialmente mediante decretos, intervención de EPS y fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud. Para 2026 el Ministerio reportaba 14.468 equipos operativos, presentes en los 32 departamentos y 1.123 municipios y áreas no municipalizadas, con atención reportada a más de 9 millones de hogares. Este es uno de los resultados que el Gobierno puede presentar como logro concreto: un mayor énfasis en atención primaria y presencia territorial, especialmente en zonas rurales y dispersas.

El otro lado de la evaluación es la situación de los usuarios. La Defensoría del Pueblo reportó que las tutelas para proteger el derecho a la salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a aproximadamente 312.500 en 2025, un aumento cercano al 18%. Que cientos de miles de ciudadanos tengan que acudir a los jueces para obtener servicios, medicamentos o tratamientos constituye una señal preocupante de barreras de acceso, independientemente de quién sea responsable de ellas. Este indicador es especialmente importante porque permite evaluar el sistema desde la perspectiva del ciudadano y no únicamente desde el presupuesto.

En materia financiera, el Gobierno sostiene que no existe desfinanciación del sistema. Según el Ministerio de Salud, entre 2022 y 2026 el presupuesto destinado al sector aumentó 51,4% en términos reales, mientras la UPC —el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar el aseguramiento— habría aumentado 30,4% real. Para 2026 se proyectó una UPC de $98,2 billones, frente a $75,3 billones en 2022. Estos datos muestran un incremento considerable de los recursos públicos, pero aquí aparece una distinción fundamental: más dinero destinado al sistema no demuestra por sí mismo que el sistema esté funcionando mejor. Hay que observar simultáneamente oportunidad de citas, entrega de medicamentos, atención de enfermedades de alto costo, cartera de las EPS, solvencia y resultados sanitarios.

Un elemento positivo adicional es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y de la infraestructura. El Ministerio reporta $4,3 billones destinados a 1.668 proyectos de infraestructura y dotación, además de inversiones en transporte asistencial y fortalecimiento de servicios. Si estas inversiones se mantienen y efectivamente mejoran la capacidad resolutiva de hospitales y centros de salud, pueden convertirse en uno de los legados más importantes del Gobierno, especialmente en territorios históricamente desatendidos.

Pero el problema más delicado está en las EPS intervenidas. La intervención estatal puede justificarse cuando una entidad no cumple condiciones financieras o pone en riesgo la atención de sus afiliados; sin embargo, intervenir una EPS no resuelve automáticamente sus problemas. El Gobierno asumió una responsabilidad mayor sobre entidades que administran millones de afiliados y, por tanto, debe ser evaluado por los resultados obtenidos después de esas intervenciones. La pregunta central para el balance final es: ¿mejoraron efectivamente la atención y la situación financiera de las entidades intervenidas? Esa evaluación debe hacerse EPS por EPS y con indicadores comparables.

También hay que reconocer que el Gobierno no logró consolidar su principal promesa: cambiar estructuralmente el modelo de salud mediante una reforma aprobada por el Congreso. La reforma pretendía modificar profundamente la función de las EPS, fortalecer la atención primaria y trasladar parte importante de la gestión financiera hacia un sistema público con mayor participación de la ADRES. Al no aprobarse integralmente, el país termina el período con un sistema híbrido: se mantienen las bases del modelo de aseguramiento creado por la Ley 100, pero el Gobierno ha introducido modificaciones importantes mediante intervenciones, giro directo, atención primaria y fortalecimiento de hospitales públicos.

Un indicador sanitario que merece atención

Los resultados de salud pública no son uniformes. Por ejemplo, los datos del INS muestran una reducción de las muertes maternas tempranas: a la semana epidemiológica 21 se habían registrado 115 en 2022, 102 en 2023, 82 en 2024 y 72 en 2025. Este es un indicador favorable, aunque debe analizarse con series más largas y por territorio antes de atribuir causalidad directa a una política específica del Gobierno.

El balance de salud es, por tanto, mixto y particularmente complejo. El Gobierno tiene logros verificables: mayor gasto real en salud, fortalecimiento de la atención primaria, expansión de los Equipos Básicos de Salud, inversión en infraestructura y mayor participación directa del Estado en el flujo de recursos. También consiguió poner en el centro del debate problemas históricos del sistema que efectivamente existen.

Pero tiene igualmente resultados problemáticos: no logró aprobar su reforma estructural, aumentaron fuertemente las tutelas por salud, varias EPS permanecen en situaciones financieras delicadas y persisten problemas de acceso a medicamentos y servicios. Además, al asumir directamente una mayor responsabilidad mediante intervenciones y administración pública, el Gobierno también debe responder por los resultados de esas entidades.

Petro no recibió un sistema de salud sano que posteriormente haya destruido, pero tampoco logró solucionar la crisis que prometió transformar. Su mayor aporte fue desplazar el modelo hacia la atención primaria, la prevención y una mayor participación estatal; su principal fracaso fue no conseguir consolidar jurídicamente la reforma estructural que constituía una de sus principales banderas. Y el indicador que más debería preocupar al cierre del Gobierno es que, mientras aumentaron considerablemente los recursos públicos, también aumentó el número de ciudadanos que tuvieron que acudir a la tutela para conseguir efectivamente su derecho a la salud.

Pensiones

La reforma pensional fue probablemente el principal logro legislativo estructural del gobierno Petro, pero también uno de los asuntos que más debate ha generado por sus implicaciones fiscales y por la controversia jurídica que rodeó su trámite. El punto de partida era un problema que Colombia arrastra desde hace décadas: el sistema pensiona a una proporción relativamente pequeña de los adultos mayores, mientras una parte importante de los subsidios se concentra en personas que tuvieron capacidad de cotizar durante largos períodos. Al mismo tiempo, la informalidad laboral dificulta que millones de trabajadores acumulen las semanas necesarias para obtener una pensión.

La Ley 2381 de 2024 cambió sustancialmente la arquitectura del sistema. Creó cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. El objetivo es que el Estado garantice un ingreso básico a los adultos mayores en pobreza o vulnerabilidad y que quienes cotizan puedan complementar ese ingreso mediante sus aportes. En el nuevo esquema contributivo, los trabajadores cotizan inicialmente al componente de prima media y, para ingresos superiores al umbral establecido por la ley, el excedente se dirige al ahorro individual. El Banco de la República describe precisamente este nuevo diseño como un sistema de cuatro pilares orientado a ampliar cobertura y redistribuir los recursos.

El principal beneficio potencial de la reforma es precisamente la cobertura. El sistema anterior tenía una dificultad estructural: millones de colombianos llegaban a la vejez sin cumplir las semanas requeridas para pensionarse y terminaban recibiendo una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. La reforma busca que esas personas no queden completamente desprotegidas y establece un componente solidario y otro semicontributivo. Desde el punto de vista social, esto constituye un avance importante: la política pensional deja de concentrarse exclusivamente en quienes lograron una trayectoria laboral formal completa y reconoce que la informalidad hace imposible que una gran parte de la población cumpla las reglas tradicionales.

Otro elemento favorable es el enfoque de género. La reforma incorpora mecanismos para reconocer las dificultades que enfrentan las mujeres para completar las semanas de cotización y contempla una reducción de semanas por hijos, con determinados límites. Esta orientación responde además a una decisión previa de la Corte Constitucional que había advertido que las reglas existentes debían incorporar de manera más adecuada la condición de las mujeres y, especialmente, de las madres cabeza de familia.

Sin embargo, el gran interrogante es la sostenibilidad fiscal. Un sistema que amplía significativamente el número de personas beneficiarias necesariamente requiere recursos públicos. El Banco de la República ha advertido que el envejecimiento de la población constituye uno de los principales riesgos para las finanzas pensionales. Sus estudios muestran que, dependiendo de supuestos sobre crecimiento económico, longevidad y formalidad laboral, el gasto público en pensiones podría presentar diferencias muy importantes en el largo plazo. Bajo escenarios más adversos, el gasto podría llegar a representar alrededor de 8% del PIB hacia finales del siglo, frente a niveles inferiores al 3,6% durante buena parte del siglo bajo supuestos más favorables.

Esto permite entender una de las principales críticas a la reforma: redistribuir más recursos hacia los adultos mayores puede ser socialmente deseable, pero esos recursos no son gratuitos. Si la economía no aumenta suficientemente su productividad, si la formalidad laboral no mejora y si la población continúa envejeciendo, el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos del presupuesto a las pensiones. El propio Banco de la República advierte que, paradójicamente, una mayor formalidad también puede incrementar el gasto de Colpensiones debido a los subsidios implícitos existentes en el régimen de prima media.

Por eso, el verdadero éxito de la reforma no debería medirse solamente por cuántos adultos mayores reciben un ingreso, sino por si Colombia consigue simultáneamente aumentar la cobertura, reducir la pobreza en la vejez y mantener un sistema fiscalmente sostenible. La reforma resuelve parcialmente el primer problema, pero no puede resolver por sí sola la informalidad laboral, que es una de las causas profundas de la baja cobertura pensional.

La controversia jurídica

La reforma tampoco terminó el período de manera jurídicamente tranquila. En junio de 2025, la Corte Constitucional suspendió temporalmente la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 mientras estudiaba las demandas relacionadas con el procedimiento legislativo. El Banco de la República informó entonces que había tenido que suspender procesos preparatorios para administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo debido a esa decisión judicial.

Esto es importante para el balance del Gobierno: la aprobación de la reforma fue un éxito político y legislativo, pero su implementación quedó condicionada por la revisión constitucional. Por tanto, no sería correcto presentar en un balance definitivo todos sus efectos como si ya estuvieran plenamente materializados.

En términos sociales, la reforma pensional es uno de los principales logros del gobierno Petro porque cambia el objetivo del sistema: de un modelo centrado fundamentalmente en pensionar a quienes cumplen los requisitos contributivos hacia uno que busca garantizar protección económica en la vejez también para quienes tuvieron trayectorias laborales precarias.

Su principal debilidad está en la sostenibilidad financiera y demográfica. Colombia está envejeciendo y mantiene una informalidad laboral muy elevada; por ello, ampliar beneficios sin aumentar simultáneamente la productividad, el empleo formal y las fuentes permanentes de financiación puede trasladar una carga importante a las generaciones futuras.

La reforma pensional de Petro es probablemente su transformación social más importante: amplía el concepto de protección en la vejez y busca corregir una de las mayores injusticias del sistema anterior, la exclusión de millones de trabajadores que nunca lograban pensionarse. Pero su éxito definitivo dependerá de algo que la reforma por sí sola no puede garantizar: que Colombia genere suficiente empleo formal, productividad y crecimiento para financiar una población que inevitablemente será cada vez más longeva. El gran desafío no es solamente pensionar a más colombianos hoy, sino garantizar que haya recursos para hacerlo mañana.

Educación

La educación es uno de los sectores en los que el gobierno Petro puede mostrar avances claros en acceso y financiación, especialmente en educación superior pública, aunque el balance es mucho menos contundente cuando se analiza calidad educativa, aprendizaje y brechas territoriales. El principal cambio de enfoque fue pasar de una política concentrada en ampliar cobertura mediante créditos y programas focalizados hacia una concepción de la educación superior pública como derecho financiado directamente por el Estado.

El resultado más visible es la gratuidad de la matrícula en la educación superior pública. En 2024, la política «Puedo Estudiar» benefició a unos 846.000 estudiantes, equivalentes al 96% de los matriculados en pregrado de las instituciones públicas, con una inversión de aproximadamente $2,3 billones. En 2025 el número de beneficiarios se acercó a 900.000, y para 2026 el Ministerio reporta una cobertura cercana al 97%. Esto constituye un logro importante porque reduce una barrera económica real para jóvenes de bajos ingresos y, además, fortalece financieramente a las universidades públicas mediante financiación de la oferta.

La segunda transformación importante fue el fortalecimiento financiero de las universidades públicas. El Ministerio reporta que entre 2022 y 2026 las transferencias a universidades públicas aumentaron de aproximadamente $7,98 billones a $11,42 billones, mientras las transferencias a instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas prácticamente se duplicaron. También se reportan inversiones por aproximadamente $1,78 billones en 111 proyectos de infraestructura educativa en 65 municipios. Estos datos respaldan la conclusión de que la educación superior pública recibió un impulso presupuestal considerable durante el cuatrienio.

También hubo expansión de la cobertura. El Ministerio reporta que la matrícula en educación superior superó los 2,7 millones de estudiantes en 2025 y que la tasa de cobertura llegó a 61,75%. El tránsito inmediato de los bachilleres hacia la educación superior pasó del 41,1% al 47,9%, mientras en las zonas rurales aumentó del 24,7% al 31,9%. Además, hasta junio de 2026 se contabilizaban 425.096 nuevos matriculados en primer curso de programas públicos, frente a una meta gubernamental de 500.000. Esto permite reconocer un avance real en acceso, particularmente en territorios históricamente rezagados.

Sin embargo, más cobertura no significa automáticamente mejor educación. Este es probablemente el principal punto que debe incorporarse al balance crítico. La verdadera pregunta no es solamente cuántos estudiantes entraron a la universidad, sino cuántos permanecen, cuántos se gradúan, qué competencias adquieren y qué posibilidades laborales tienen después de graduarse. Una política de expansión masiva puede ser socialmente positiva, pero requiere simultáneamente garantizar calidad, docentes, infraestructura, investigación, bienestar universitario y pertinencia de los programas.

En educación básica y media el balance es más difícil de presentar como un gran salto estructural. El Gobierno impulsó los centros de interés, la formación integral, actividades artísticas, deportivas y culturales y la ampliación de la jornada educativa. Para 2026 el Ministerio reportaba más de 5.500 centros de interés. La orientación es interesante porque intenta superar una concepción de la escuela limitada a las asignaturas tradicionales. No obstante, para evaluar realmente su impacto habría que demostrar mejoras sostenidas en aprendizaje y no solamente contabilizar programas, inversiones o estudiantes beneficiarios.

Ahí aparece uno de los principales pendientes del Gobierno: la calidad educativa. Colombia continúa enfrentando resultados deficientes en competencias fundamentales y profundas diferencias entre estudiantes urbanos y rurales, entre establecimientos oficiales y privados y según nivel socioeconómico. Por eso, un balance serio no debería confundir gasto educativo con calidad educativa. Incrementar el presupuesto es una condición necesaria, pero no suficiente: el resultado final debe medirse en aprendizaje, permanencia, graduación y oportunidades.

Otro avance importante fue la ampliación territorial de la educación superior. El programa «Universidad en tu Territorio» buscó llevar oferta a municipios donde tradicionalmente no existía, mediante nuevos programas, infraestructura y articulación con colegios. El Ministerio reporta que más de 120.000 jóvenes de 954 colegios participaron en estrategias de tránsito hacia educación superior en 427 municipios. Esto puede ser especialmente relevante para reducir una de las grandes desigualdades colombianas: el lugar donde nace una persona todavía condiciona fuertemente sus posibilidades de acceder a educación superior.

Hay además un elemento que debe analizarse con cuidado: la gratuidad no comenzó con Petro, aunque sí fue ampliada y convertida en una política de mayor alcance durante su Gobierno. Existían antecedentes como Generación E y Matrícula Cero. El mérito específico del Gobierno Petro está en haberla convertido en una política más amplia y permanente mediante la Ley 2307 de 2023 y la política «Puedo Estudiar». Esta precisión es importante para evitar atribuciones históricas exageradas.

El balance educativo del Gobierno Petro puede calificarse como positivo en acceso, gratuidad, financiación de la educación superior pública y expansión territorial, pero mucho más incierto en calidad y resultados de aprendizaje.

Su principal logro fue cambiar la pregunta política de «¿cómo financiar al estudiante para que pueda estudiar?» a «¿cómo garantiza el Estado directamente el acceso a la educación superior pública?». La gratuidad para cerca de un millón de estudiantes constituye un cambio importante y verificable.

Su principal desafío es demostrar que esa expansión cuantitativa se convierte en movilidad social real. Para ello, el próximo Gobierno deberá responder preguntas que todavía quedan abiertas: ¿mejoraron los resultados de aprendizaje?, ¿disminuyó efectivamente la deserción?, ¿aumentó la graduación?, ¿los nuevos programas responden a las necesidades productivas regionales?, ¿la financiación universitaria será sostenible? y, especialmente, ¿Colombia está formando mejores ciudadanos y trabajadores o simplemente matriculando a más personas?

En educación, Petro deja probablemente uno de sus legados más claros en materia de acceso: más recursos para las universidades públicas, gratuidad ampliamente extendida y mayor presencia territorial. Pero el verdadero juicio histórico dependerá de algo más difícil de medir: si esos mayores recursos y esa mayor cobertura se traducen en mejor aprendizaje, más graduados, mayor productividad y mejores oportunidades laborales. La revolución educativa no puede medirse solamente por cuántos entran a estudiar; debe medirse por cuánto aprenden y qué posibilidades tienen después de hacerlo.

Seguridad y «Paz Total»

Aquí el balance es mucho más negativo que en los capítulos anteriores y, si el objetivo es hacer una evaluación rigurosa del gobierno Petro, seguridad y Paz Total deben aparecer como uno de sus principales fracasos. La razón no es simplemente que la violencia continúe —algo que ningún gobierno colombiano ha conseguido eliminar—, sino que la estrategia diseñada por el Gobierno para reducirla mediante negociaciones simultáneas con diferentes grupos armados no produjo el resultado esperado de reducción sostenida de la violencia y, en varios territorios, coincidió con un fortalecimiento territorial de organizaciones armadas ilegales.

La «Paz Total» partió de una premisa políticamente atractiva: negociar simultáneamente con organizaciones de naturaleza distinta —guerrillas, estructuras sucesoras del paramilitarismo y organizaciones criminales— para disminuir la violencia mientras el Estado avanzaba en transformaciones sociales y territoriales. El problema fue que no todos esos actores tenían las mismas motivaciones ni perseguían objetivos políticos. Mientras el ELN conserva una agenda insurgente, organizaciones como el Clan del Golfo tienen una naturaleza predominantemente criminal y económica. Pretender que todos respondieran de manera similar a una estrategia de negociación generó enormes dificultades.

El resultado territorial es particularmente preocupante. Durante 2025 la Defensoría del Pueblo documentó más de 107.000 personas desplazadas por la violencia, mientras cerca de 130.000 personas fueron confinadas en diferentes regiones del país. La propia Defensoría señaló que estas cifras superaron ampliamente las registradas en 2024. Esto es quizá uno de los indicadores más contundentes para evaluar la Paz Total: una política cuyo objetivo fundamental era reducir la violencia no puede considerarse exitosa cuando aumenta de manera tan considerable el número de civiles obligados a abandonar sus territorios o impedidos de movilizarse dentro de ellos.

El caso del Catatumbo es especialmente grave. La confrontación entre estructuras armadas produjo una crisis humanitaria de enormes dimensiones. En los primeros meses de 2025, la Defensoría reportó que 68.347 de las 77.719 personas desplazadas registradas hasta mayo provenían del Catatumbo. Además, más de 11.000 personas permanecían confinadas. El episodio demuestra una de las mayores debilidades de la estrategia: el Estado abrió espacios de negociación mientras, en determinados territorios, los grupos armados continuaron disputándose el control de población, economías ilegales y corredores estratégicos.

Otro indicador especialmente grave es la violencia contra quienes deberían ser protagonistas de la construcción de paz. Entre enero y junio de 2025, la Defensoría documentó 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 25 homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz y 34 masacres con 116 víctimas. En los primeros cinco meses de 2026 la situación tampoco mostró una ruptura clara: se registraron 67 asesinatos de líderes y defensores y 58 masacres con 238 víctimas.

Esto permite formular una crítica más profunda: el problema de la Paz Total no fue negociar; negociar es una herramienta legítima del Estado. El problema fue negociar sin conseguir simultáneamente recuperar y consolidar el control territorial. Una negociación puede disminuir temporalmente los enfrentamientos, pero si mientras tanto una organización armada aumenta su presencia, controla economías ilegales, impone normas a la población y desplaza a sus competidores, el resultado puede ser exactamente contrario al objetivo de paz.

También hubo un problema de diseño institucional y de verificación. Las negociaciones se desarrollaron con grupos muy diferentes y con ceses al fuego que no siempre estuvieron acompañados de mecanismos suficientemente eficaces para impedir que los actores utilizaran el período de suspensión de operaciones para fortalecerse. El resultado fue una situación paradójica: el Estado reducía parcialmente la presión militar mientras las organizaciones ilegales seguían teniendo capacidad para reclutar, controlar territorios y disputar rentas ilícitas.

El deterioro tampoco puede atribuirse exclusivamente a Petro. Colombia ya tenía desde antes del Gobierno una presencia importante de grupos armados, narcotráfico, minería ilegal, economías ilícitas y territorios con débil presencia estatal. Además, el Acuerdo de Paz de 2016 no había conseguido eliminar esos problemas. Pero precisamente por eso el estándar para evaluar a Petro debe ser el resultado de su estrategia, no las condiciones que recibió. Y en este punto la evidencia disponible es difícil de defender como un éxito.

Hay además una diferencia importante entre desmovilizar organizaciones y reducir la violencia. La Paz Total consiguió mantener conversaciones y abrir canales con diferentes grupos, y eso constituye un logro diplomático y político. Pero la medida fundamental del éxito debería ser otra: homicidios, secuestros, desplazamiento, confinamiento, extorsión, reclutamiento, control territorial y capacidad de las instituciones para garantizar derechos. En varios de estos indicadores, especialmente desplazamiento, confinamiento y violencia territorial, el resultado fue negativo.

El problema del control territorial

La seguridad no consiste solamente en que haya menos combates entre Ejército y grupos armados; consiste en que el Estado tenga el monopolio efectivo de la fuerza y que un campesino pueda vivir, producir, movilizarse y acudir a la justicia sin pedir permiso a un grupo ilegal.

En este sentido, el crecimiento de las crisis humanitarias constituye una señal de fracaso. Durante los primeros diez meses de 2025, la Defensoría registró 97.904 personas afectadas por desplazamientos masivos y más de 96.000 por confinamiento, dentro de un total superior a 203.000 personas afectadas por ambas situaciones. Norte de Santander concentró una parte extraordinariamente elevada de la afectación.

El balance de Seguridad y Paz Total debe calificarse como negativo, y probablemente como el mayor fracaso del Gobierno Petro, por una razón sencilla: fue una de sus principales apuestas políticas y el resultado territorial no correspondió con la magnitud de la promesa.

El Gobierno logró algo que no debe desconocerse: sentar a diferentes organizaciones armadas a negociar y mantener abiertas conversaciones que gobiernos anteriores no consiguieron establecer con algunos de esos actores. Pero negociar no es pacificar. La evidencia disponible muestra que, mientras avanzaban las conversaciones, en varias regiones crecieron las disputas territoriales, el desplazamiento, el confinamiento, las masacres y los asesinatos de líderes sociales.

La Paz Total terminó demostrando que negociar con los grupos armados no es suficiente para construir paz. El Estado puede conversar con ellos, pero mientras conversa debe seguir gobernando el territorio. El principal fracaso de Petro fue no conseguir que la negociación estuviera acompañada de una recuperación efectiva del control territorial. Allí donde el Estado retrocede y los grupos armados ocupan ese espacio, no hay paz: hay una sustitución del poder estatal por poderes ilegales.

Y hay una última precisión importante: no sería serio afirmar que todos los homicidios o desplazamientos durante estos cuatro años fueron causados por la Paz Total. Eso sería una atribución causal que las estadísticas por sí solas no permiten hacer. Lo que sí puede sostenerse con mucha mayor seguridad es que la estrategia no consiguió el resultado central que prometía: una reducción suficientemente clara y sostenida de la violencia y del control territorial de los grupos armados. Esa es la crítica técnicamente más fuerte.

Lucha contra el narcotráfico

Este capítulo requiere una distinción fundamental: el Gobierno Petro no puede ser calificado como inactivo frente al narcotráfico. De hecho, en incautaciones de cocaína y operaciones contra organizaciones criminales presenta resultados muy importantes. El problema está en que la política antidrogas no logró reducir el tamaño del negocio de la cocaína en su origen. Por eso, si evaluamos el resultado por la cantidad de droga incautada, el balance es positivo; si lo evaluamos por la reducción de cultivos, producción potencial y poder económico de las organizaciones narcotraficantes, el resultado es mucho más negativo.

El dato más contundente proviene de Naciones Unidas. El monitoreo de UNODC registró 253.000 hectáreas de coca en Colombia en 2023, frente a 230.000 en 2022, un aumento cercano al 10%. Pero el problema es todavía mayor porque la productividad de los cultivos también aumentó: UNODC estimó que la producción potencial de cocaína pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023, un incremento del 53%. Es decir, Colombia no solamente tenía más hectáreas sembradas, sino que esas hectáreas estaban produciendo mucho más.

Ese dato es fundamental para evaluar la política de Petro porque la incautación de droga y la reducción del narcotráfico son cosas diferentes. El Gobierno puede incautar cantidades récord y, simultáneamente, el negocio puede seguir creciendo. De hecho, el Ministerio de Defensa informó que entre agosto de 2022 y enero de 2026 fueron incautadas más de 2.840 toneladas de cocaína, una cifra extraordinariamente elevada. Para marzo de 2026 el Gobierno reportaba incluso 3.275 toneladas incautadas entre 2022 y 2026. Esto constituye un resultado operacional muy importante y sería injusto ignorar. Aunque, a myor producción, mayor incautación, es lógico. 

Pero precisamente aquí aparece la contradicción central: si se incauta más cocaína que nunca y, al mismo tiempo, aumenta enormemente la producción potencial, significa que el Estado está golpeando una parte importante de la cadena, pero no está consiguiendo reducir suficientemente la capacidad de producción del negocio. Es como sacar cada vez más agua de una piscina mientras continúa entrando agua a una velocidad aún mayor. La pregunta verdaderamente importante no es solamente cuánto se incauta, sino cuánto queda disponible para producir y exportar.

Además, la política del Gobierno cambió el énfasis tradicional de la guerra contra las drogas. Petro criticó la estrategia basada exclusivamente en fumigación y erradicación forzada y propuso concentrar los esfuerzos en golpear las grandes estructuras criminales, sus finanzas y los eslabones superiores de la cadena, al tiempo que se ofrecen alternativas económicas a los campesinos cultivadores. Conceptualmente, esta modificación tiene argumentos a favor: el campesino que cultiva coca no es equivalente al narcotraficante que controla laboratorios, rutas, lavado de activos y distribución internacional.

El problema es que la sustitución voluntaria no avanzó a una escala suficiente para compensar la expansión de los cultivos. En el informe de UNODC de 2023, la erradicación manual reportada cayó fuertemente: pasó de 68.974 hectáreas en 2022 a 20.325 en 2023, una reducción de aproximadamente 70%. Esto no significa automáticamente que toda la reducción de erradicación sea un error —la política buscaba precisamente cambiar el enfoque—, pero sí significa que el Estado redujo una de sus principales herramientas tradicionales mientras la superficie cultivada aumentaba.

Hay, sin embargo, un aspecto positivo que debe reconocerse: el Gobierno fortaleció la persecución de las organizaciones criminales y la cooperación internacional. Para 2026, el Ministerio de Defensa reportaba más de 615 extradiciones a Estados Unidos desde agosto de 2022, además de miles de integrantes de organizaciones narcotraficantes neutralizados. Y en julio de 2026 Petro firmó la resolución para extraditar a Estados Unidos a alias «Chiquito Malo», señalado como máximo jefe del Clan del Golfo y requerido por delitos relacionados con narcotráfico. Esto contradice cualquier afirmación simplista de que el Gobierno haya abandonado completamente la persecución de los grandes narcotraficantes.

El verdadero problema: la economía de la cocaína

El indicador que debería ocupar el centro del análisis es la economía total del narcotráfico, no únicamente las toneladas incautadas. Colombia continúa siendo el principal productor mundial de coca y la UNODC reportó que la producción mundial de cocaína alcanzó niveles récord en los últimos años.

Por eso, el resultado de Petro puede resumirse en una paradoja: el Estado nunca había incautado tanta cocaína, pero Colombia tampoco había producido tanta cocaína potencial. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

Esto obliga a diferenciar dos niveles: En la persecución policial y militar: resultado positivo. Las incautaciones, destrucción de laboratorios, operaciones de inteligencia y extradiciones muestran una acción estatal considerable.

En la reducción estructural de la economía de la cocaína: resultado negativo. El crecimiento de los cultivos y, especialmente, de la producción potencial demuestra que el Gobierno no consiguió disminuir de manera suficiente la oferta desde el territorio colombiano.

Por tanto, no pondría la lucha contra el narcotráfico en la misma categoría de fracaso absoluto que Seguridad y Paz Total. Aquí existe un resultado operacional muy fuerte que debe reconocerse. El problema es que ese éxito operacional no se convirtió en una victoria estratégica.

Petro deja un balance paradójico en la lucha contra el narcotráfico: el Estado incautó cantidades históricas de cocaína y realizó numerosas operaciones contra grandes organizaciones criminales, pero Colombia continuó aumentando su capacidad de producción de cocaína. La política logró golpear fuertemente la oferta que circula por las rutas internacionales, pero no consiguió reducir de manera suficiente la economía ilegal que se origina en el territorio. El gran fracaso no está en la ausencia de operaciones, sino en que la expansión de los cultivos y de la productividad terminó superando la capacidad del Estado para reducir la oferta.

La política de drogas tuvo mejores resultados en interdicción que en prevención y reducción estructural de la producción. La pregunta que queda para el próximo Gobierno no es simplemente si debe fumigar más o erradicar más, sino cómo combinar sustitución económica, presencia estatal, persecución financiera, inteligencia, justicia y cooperación internacional para conseguir que cada vez sea menos rentable producir cocaína en Colombia.

Infraestructura y transporte

Aquí también conviene matizar la premisa de que fue un fracaso absoluto, porque las cifras oficiales muestran algo diferente: el Gobierno Petro sí ejecutó y continuó grandes obras, especialmente concesiones 4G que ya venían de gobiernos anteriores. El problema está en que su principal promesa de transformar el modelo de transporte hacia el ferrocarril, el transporte multimodal y una infraestructura menos dependiente de las carreteras avanzó mucho más lentamente de lo anunciado. Por eso, el fracaso está menos en "no hacer obras" y más en no producir la transformación estructural prometida.

El mejor ejemplo son las 4G. Cuando Petro llegó al Gobierno, estos proyectos ya estaban contratados y avanzados. La ANI reporta que las 4G pasaron de aproximadamente 73% de ejecución al inicio del Gobierno a más de 92% en noviembre de 2025, con unos 5.052 km de vías concesionadas. En otras palabras, Petro merece reconocimiento por haberlas continuado y llevado hacia su terminación, pero no puede atribuírselas como obras concebidas y contratadas durante su administración. El grueso de las decisiones contractuales pertenece a gobiernos anteriores.

La situación de las 5G es muy distinta y allí aparece una de las mayores debilidades. Este programa sí representa en buena medida la nueva generación de infraestructura que debía impulsar el Gobierno. Sin embargo, en mayo de 2025 los seis proyectos 5G registraban apenas 10% de ejecución, frente a más de 91% de las 4G. Para noviembre de 2025 habían llegado a aproximadamente 20,7%. Aunque posteriormente algunos proyectos aceleraron —por ejemplo, la Nueva Malla Vial del Valle llegó al 64,04% en junio de 2026—, el ritmo general evidencia que la nueva generación de infraestructura todavía estaba lejos de consolidarse al finalizar el Gobierno.

El problema es todavía más evidente cuando se mira el ferrocarril. Petro hizo de la recuperación de la red férrea uno de los símbolos de su modelo de transporte: pasar de una Colombia excesivamente dependiente del camión y las carreteras a una Colombia multimodal, con trenes, vías fluviales, puertos y carreteras articulados. La idea tiene enorme sentido económico y ambiental: transportar grandes volúmenes de carga por ferrocarril puede reducir costos logísticos, congestión y emisiones. Sin embargo, al cierre del Gobierno buena parte de los grandes proyectos ferroviarios seguían en fases de estructuración, contratación o recuperación de corredores existentes. La propia ANI señalaba en 2026 que proyectos como el Tren Interoceánico todavía estaban en etapa de prefactibilidad.

Esto permite formular una crítica más precisa: Petro tuvo una visión correcta sobre la necesidad de diversificar el transporte colombiano, pero no consiguió convertir esa visión en suficiente infraestructura operativa durante su mandato. En infraestructura, la distancia entre anunciar una obra, estructurarla, financiarla, contratarla y construirla es enorme. Y justamente allí estuvo uno de los problemas del Gobierno: muchas de sus grandes apuestas quedaron en etapas preliminares.

Tampoco sería justo desconocer la inversión realizada. La ANI calcula que durante el Gobierno Petro se invirtieron alrededor de $23,4 billones en proyectos carreteros concesionados, cifra que la entidad compara favorablemente con los tres cuatrienios anteriores. Además, durante el período se iniciaron fases constructivas de varios proyectos 5G, entre ellos las Troncales del Magdalena 1 y 2 y proyectos de la nueva Malla Vial del Valle.

Pero precisamente esos datos permiten hacer una evaluación más interesante: el Gobierno invirtió mucho en infraestructura, pero buena parte de ese esfuerzo estuvo concentrado en terminar la infraestructura vial que ya había sido diseñada bajo el modelo de concesiones anterior. El cambio de paradigma prometido —ferrocarril, transporte fluvial, multimodalidad y menor dependencia de la carretera— avanzó considerablemente menos.

Hay además un problema de ejecución presupuestal y continuidad institucional. En julio de 2026 la ANI informó que de los $5,9 billones asignados para proyectos carreteros en esa vigencia, había comprometido el 95%, aunque todavía estaban pendientes giros del Ministerio de Hacienda hacia los patrimonios autónomos. Esto muestra que no toda demora física de una obra puede atribuirse directamente al Ministerio de Transporte: existen problemas contractuales, prediales, ambientales, financieros y de vigencias futuras que afectan la ejecución.

El verdadero problema: movilidad, no solamente infraestructura

Hay una crítica todavía más profunda que conviene incorporar al artículo: Colombia ha confundido durante décadas movilidad con construcción de carreteras.

Construir más vías puede aumentar la capacidad vehicular, pero no necesariamente resolver los problemas de movilidad urbana. En las grandes ciudades el desafío requiere sistemas integrados de transporte público, transporte férreo, movilidad activa, logística urbana y planificación territorial. En ese sentido, el Gobierno Petro tampoco consiguió producir una transformación nacional suficientemente visible de los sistemas de transporte masivo y ferroviario.

Por tanto, no calificaría infraestructura y transporte como un fracaso absoluto, sino como un fracaso respecto de la transformación prometida.

El Gobierno puede mostrar como resultados la continuidad y culminación de las 4G, importantes inversiones en concesiones, avance de varios proyectos 5G y una apuesta conceptual por el transporte férreo y multimodal.

Pero el balance negativo está en que las grandes obras que realmente representaban el cambio de modelo avanzaron lentamente. Las 4G terminaron siendo, en buena medida, la consolidación de una política de infraestructura heredada; las 5G avanzaron pero todavía con niveles de ejecución relativamente bajos; y el renacimiento ferroviario quedó principalmente en estructuración, recuperación de corredores y proyectos en diferentes etapas.

Petro no deja un país sin obras; deja un país con muchas obras viales continuadas y algunas nuevas en marcha. Su fracaso está en que no logró materializar al ritmo prometido el cambio de paradigma que anunció: pasar de una Colombia dependiente de carreteras y camiones a una Colombia verdaderamente multimodal, con ferrocarriles y transporte público como ejes de la movilidad. Terminó administrando y culminando buena parte de la infraestructura que recibió, pero no alcanzó a construir la nueva infraestructura que simbolizaba su propio modelo de desarrollo.

Minas, energía y transición energética

Este es otro de los capítulos donde el Gobierno Petro deja un balance contradictorio. Su apuesta por la transición energética tiene una justificación ambiental y estratégica válida: Colombia necesita reducir progresivamente su dependencia de combustibles fósiles y aumentar las energías renovables. El problema fue la velocidad y la forma en que se planteó la transición. Colombia es todavía una economía dependiente de petróleo, carbón y gas para generar exportaciones, divisas, regalías y recursos fiscales. Reducir esa dependencia antes de construir alternativas económicas suficientemente grandes genera un problema de transición, no solamente ambiental sino también económico.

El sector minero-energético sigue teniendo un peso considerable en la economía colombiana. El petróleo y el carbón son, además, algunos de los principales productos de exportación del país. Por eso, cuando se reduce la inversión exploratoria o se genera incertidumbre sobre la continuidad de los contratos, el efecto no se limita a las empresas petroleras: afecta exportaciones, inversión extranjera, empleo especializado, proveedores, regalías, ingresos fiscales y disponibilidad de dólares.

El principal error: confundir transición energética con abandonar anticipadamente los hidrocarburos. La decisión política más controvertida fue la de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. La intención era acelerar la transición energética. Sin embargo, Colombia no podía dejar de depender inmediatamente de los hidrocarburos porque la transición tecnológica y económica requiere tiempo.

El problema se hizo especialmente evidente con el gas natural. Colombia pasó de tener reservas probadas de aproximadamente 7,2 años en 2022 a 5,9 años en 2024, aunque posteriormente el indicador se estabilizó y la ANH reportó nuevamente 5,9 años para 2025.

Esto es particularmente delicado porque el gas no solamente es un combustible fósil: también funciona como respaldo del sistema energético y como insumo para hogares, industria y generación eléctrica. Si las reservas disminuyen demasiado rápido, el país puede terminar dependiendo de importaciones de gas antes de haber desarrollado suficientemente las alternativas.

Aquí aparece una contradicción económica importante: Colombia puede dejar de explorar petróleo y gas, pero no puede dejar de consumir energía. Si la demanda continúa creciendo y la producción nacional cae, la diferencia tendrá que cubrirse mediante importaciones.

El problema es de mediano y largo plazo: la producción actual depende en buena medida de contratos y campos descubiertos anteriormente. La pregunta relevante es qué ocurrirá cuando esos campos entren en declinación si no se incorporan nuevos descubrimientos suficientes.

Y aquí hay un dato interesante que obliga a matizar la crítica: entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se perforaron 136 pozos exploratorios, 19,3% más que en el período comparable del gobierno anterior.

Es decir, la exploración no desapareció porque existen contratos anteriores que continúan ejecutándose. El verdadero debate es qué ocurrirá después con la reposición de reservas y la nueva exploración.

El impacto fiscal: aquí está uno de los puntos más importantes. Los hidrocarburos no son solamente un negocio privado. Generan ingresos para el Estado mediante regalías, impuestos, dividendos y derechos económicos. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el Gobierno reportó $29,6 billones en regalías provenientes de hidrocarburos.

Esto demuestra una realidad que debe incorporarse al análisis: la transición energética necesita financiarse con recursos que, en buena medida, todavía provienen de la economía fósil. Por eso la pregunta económica no debería ser «¿petróleo sí o petróleo no?», sino: ¿Cómo utiliza Colombia los ingresos que todavía obtiene de petróleo, gas y carbón para construir una economía que pueda vivir progresivamente sin ellos?

Ahí está, a mi juicio, la gran debilidad de la política de Petro: la transición fue planteada con mucha más fuerza en términos de sustitución energética que en términos de sustitución de ingresos, exportaciones, empleo y divisas.

¿Y las energías renovables?

Aquí el Gobierno sí tiene un logro importante que debe reconocerse. La UPME reportó en julio de 2026 que Colombia alcanzó 4.654 MW de capacidad solar y eólica instalada, multiplicando por más de 20 veces la capacidad existente al inicio del Gobierno. Las fuentes hidráulica, solar y eólica representan actualmente 74,19% de la capacidad instalada del sistema eléctrico.

Esto significa que la transición energética no fue solamente discurso. Hubo una expansión muy importante de las energías renovables. Pero existe una diferencia entre capacidad instalada y energía efectivamente generada. Una cosa es tener paneles y parques eólicos instalados y otra es disponer de una matriz energética capaz de sustituir de manera confiable petróleo y gas en transporte, industria, generación térmica y otros usos.

Además, algunos proyectos eólicos importantes de La Guajira enfrentaron problemas de consulta, licenciamiento, conflictividad territorial, infraestructura de transmisión y relacionamiento con comunidades. Esto retrasó parte de la transformación que el Gobierno esperaba acelerar.

El problema económico de fondo: La economía colombiana necesitaba simultáneamente transición y crecimiento. El error estratégico habría sido pensar que disminuir la dependencia del petróleo automáticamente produciría una economía más sostenible. No necesariamente.

Colombia necesita sustituir progresivamente:

Petróleo y carbón → nuevas exportaciones

Regalías → nuevas fuentes fiscales

Divisas petroleras → nuevas fuentes de dólares

Empleo minero-energético → empleos productivos alternativos

Gas → fuentes energéticas confiables de reemplazo

Infraestructura fósil → infraestructura energética nueva

Si esas sustituciones no ocurren simultáneamente, el país puede terminar reduciendo una fuente de ingresos antes de haber construido otra.

Por eso, mi evaluación sería: Transición energética: avance importante. Energías renovables: logro claro. Seguridad energética: resultado preocupante, especialmente en gas. Petróleo: no hubo colapso productivo, pero existe un riesgo de mediano plazo asociado a exploración y reposición de reservas. Minería: mayor incertidumbre regulatoria y política. Finanzas públicas: sigue existiendo una dependencia considerable de las rentas minero-energéticas.

La política hacia el sector minero-energético coincidió con una menor dinámica de inversión y con incertidumbre en una actividad estratégica para las exportaciones, las divisas y las finanzas públicas, mientras el país todavía no había construido un sustituto económico equivalente. El Gobierno consiguió avanzar más rápido que ningún otro en la expansión de las energías renovables, pero no consiguió avanzar con la misma velocidad en la construcción de la economía que deberá reemplazar los ingresos que hoy producen el petróleo, el gas y el carbón. La transición energética puede ser correcta; una transición económica incompleta puede ser costosa El problema no fue querer una transición energética; fue no haber diseñado con suficiente claridad la transición económica que debía acompañarla.

Ambiente y cambio climático

La crítica más sólida es que hubo un enorme despliegue político, discursivo e internacional alrededor de la crisis climática y la protección de la Amazonía, pero los resultados estructurales fueron insuficientes frente a la magnitud de la crisis ambiental colombiana.

El mejor ejemplo es la deforestación. En 2023 Colombia registró 79.256 hectáreas deforestadas, una reducción del 36% frente a 2022 y la cifra más baja de las últimas décadas. En 2024, sin embargo, la deforestación volvió a subir hasta 113.608 hectáreas, un aumento de 43,3% respecto a 2023. Aunque sigue siendo la segunda cifra más baja de los últimos 24 años, significa que la tendencia favorable se frenó.

Esto es importante porque el Gobierno suele presentar la reducción acumulada desde 2021 como uno de sus grandes éxitos. Y efectivamente existe: entre 2021 y 2024 la reducción acumulada fue cercana al 39%. Pero un análisis serio debe observar también que 2024 mostró un rebote importante y que solamente en los Parques Nacionales se perdieron 10.127 hectáreas de bosque, concentradas especialmente en Tinigua, Sierra de la Macarena y Chiribiquete.

Más preocupante todavía es que la Amazonía continúa concentrando más del 60% de la deforestación nacional. Es decir, Colombia puede mejorar estadísticamente el indicador nacional y simultáneamente mantener una situación ambiental crítica en algunos de los ecosistemas más importantes del planeta.

Mucho discurso internacional, pero problemas territoriales intactos

Petro convirtió la lucha contra el cambio climático y la defensa de la Amazonía en una de las banderas internacionales de su Gobierno. Colombia tuvo protagonismo en la COP16 de biodiversidad realizada en Cali y el Gobierno impulsó conceptos como justicia climática, protección de la Amazonía, economía descarbonizada y transición energética.

El problema es que el discurso internacional no necesariamente equivale a capacidad de transformación territorial. Las causas de la deforestación siguen siendo conocidas: expansión de la frontera agropecuaria, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, infraestructura vial, cultivos ilícitos, minería y ocupación ilegal. El propio sistema oficial de monitoreo del IDEAM identifica y georreferencia estos procesos.

Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de la política ambiental: Colombia tiene cada vez mejores sistemas para saber dónde se está destruyendo el bosque, pero continúa teniendo enormes dificultades para impedir que la destrucción ocurra.

El problema, entonces, no es únicamente científico. Es fundamentalmente institucional, territorial, económico y de seguridad. El cambio climático: el país todavía no está transformando suficientemente su economía El dato más reciente del IDEAM es especialmente importante para este balance. El nuevo inventario nacional de gases de efecto invernadero muestra que Colombia emitió 276,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2024 y, por primera vez, el sector energético superó al uso del suelo como principal fuente nacional de emisiones.

Este dato cambia bastante la discusión. Durante años el debate ambiental colombiano estuvo concentrado fundamentalmente en la Amazonía y la deforestación. Pero el problema climático colombiano también está cada vez más relacionado con transporte, combustibles, generación energética, industria y actividad económica.

Por eso, una política climática verdaderamente transformadora debería conseguir simultáneamente: menos deforestación + transporte más limpio + menor consumo de combustibles fósiles + eficiencia energética + agricultura sostenible + protección de ecosistemas + adaptación al cambio climático.

En ese conjunto, los resultados son mucho menos contundentes que el discurso político. 

Restauración: un problema que revela la distancia entre anunciar y recuperar

Hay un dato particularmente revelador del propio IDEAM. El primer monitoreo nacional de restauración forestal encontró que menos del 10% de las áreas que habían sido objeto de restauración entre 2007 y 2022 mostraban una ganancia persistente de cobertura boscosa.

Esto trasciende al Gobierno Petro porque incluye años anteriores, pero revela un problema estructural que su administración tampoco logró resolver: Colombia ha sembrado árboles y ejecutado proyectos de restauración durante años, pero no necesariamente ha conseguido recuperar ecosistemas funcionales y permanentes.

Por eso, para evaluar la política ambiental no basta con contabilizar árboles sembrados, hectáreas intervenidas o recursos ejecutados. Hay que preguntar:

¿Cuántas hectáreas permanecen realmente restauradas después de cinco, diez o quince años? Ese debería ser uno de los indicadores centrales de cualquier gobierno.

Biodiversidad y ecosistemas estratégicos

Colombia tiene una de las mayores biodiversidades del planeta, pero continúa enfrentando presión sobre páramos, humedales, bosques secos, selvas, ecosistemas marinos y sistemas de agua dulce. El problema ambiental tampoco se reduce a la deforestación.

Hay una agenda enorme pendiente en pérdida y fragmentación de hábitats; contaminación de ríos y quebradas; deterioro de humedales; minería ilegal; especies invasoras; pérdida de biodiversidad; degradación de suelos; contaminación atmosférica urbana; gestión de residuos; adaptación de ciudades al cambio climático.

Y precisamente aquí considero que el Gobierno tuvo una capacidad discursiva muy superior a su capacidad de ejecución integral.

Mi valoración sería mixta, pero insuficiente frente a las expectativas creadas. Logros verificables: reducción histórica de la deforestación en 2023, fortalecimiento del monitoreo ambiental, protagonismo internacional en biodiversidad y cambio climático, mayor discusión sobre transición energética y justicia climática.

Problemas: repunte de la deforestación en 2024, persistencia de la destrucción en áreas protegidas, concentración de la deforestación en la Amazonía, dificultades para controlar las causas territoriales y resultados muy limitados en restauración efectiva.

Y existe un problema todavía mayor: el Gobierno logró posicionar a Colombia como un país que habla mucho de cambio climático, pero no logró transformar suficientemente las estructuras económicas y territoriales que producen la degradación ambiental.

En ambiente, Petro deja una paradoja: probablemente ningún Gobierno reciente habló tanto de cambio climático, Amazonía, biodiversidad y justicia ambiental, pero el país continúa enfrentando una crisis ambiental profunda. Hubo un resultado extraordinario en reducción de la deforestación durante 2023, pero el rebote de 2024 demuestra que todavía no existe una solución estructural. Colombia sabe dónde se deforesta, conoce las causas y dispone de mejores sistemas de monitoreo; lo que sigue faltando es capacidad efectiva para controlar el territorio, transformar las economías que destruyen los ecosistemas y convertir el activismo ambiental en resultados permanentes. El desafío no era solamente hacer de Colombia una voz mundial contra el cambio climático, sino conseguir que esa voz se tradujera en bosques efectivamente protegidos, ecosistemas restaurados, ciudades más sostenibles y una economía capaz de crecer sin destruir su patrimonio natural. La crítica mucho más difícil de refutar es que los avances puntuales no alcanzaron a convertirse en una transformación ambiental estructural y sostenible.

Reforma agraria y desarrollo rural

Este es un capítulo que exige más matices que varios de los anteriores, porque la Reforma Agraria es probablemente una de las áreas donde el Gobierno Petro sí puede mostrar avances cuantitativos importantes. El problema está en que el Gobierno presenta como redistribución de tierras cifras que mezclan compra, adjudicación, recuperación de baldíos, formalización de propiedad y otras formas de gestión. Para evaluar si realmente hubo una transformación de la estructura agraria hay que separar cuidadosamente esos conceptos.

El Gobierno reporta que, durante su administración, el Fondo de Tierras llegó a 763.545 hectáreas, de las cuales más de 303.384 hectáreas habían sido entregadas a campesinos y comunidades a marzo de 2026. Además, la ANT reporta más de 2 millones de hectáreas formalizadas. Estos son resultados importantes, pero formalizar una tierra que ya ocupaba una familia no equivale a redistribuirla: la primera operación soluciona un problema de propiedad y seguridad jurídica; la segunda modifica el acceso a la tierra.

El propio balance de la ANT muestra esta diferencia. La entidad registra 293.545 hectáreas adquiridas durante el Gobierno Petro, mientras reporta 1.405.818 hectáreas de formalización en su balance actual. Por tanto, sería metodológicamente incorrecto decir que el Gobierno "repartió" o "compró" 1,4 o 2 millones de hectáreas. Una parte importante corresponde a formalización y no a redistribución.

El principal logro: volver a poner la tierra en el centro de la política pública

Hay que reconocerle al Gobierno un cambio significativo: la cuestión agraria dejó de ser marginal en la agenda nacional. Se fortaleció la Agencia Nacional de Tierras, se aceleraron procesos de formalización y adjudicación y se utilizaron instrumentos como el Fondo de Tierras, las Zonas de Reserva Campesina y la compra directa de predios.

A diciembre de 2025 la ANT reportaba 27 Zonas de Reserva Campesina, 20 de ellas constituidas durante el Gobierno Petro, que representan más de 1,12 millones de hectáreas. También se habían constituido nuevos resguardos y territorios colectivos.

Además, existen casos concretos de tierras provenientes de procesos de extinción de dominio o relacionadas con antiguos actores armados que fueron destinadas a campesinos y víctimas. Es decir, no todo el resultado está basado en comprar tierras a propietarios privados con recursos públicos.

Pero aquí aparece la primera gran debilidad: hectáreas no significan reforma agraria El verdadero indicador de éxito no debería ser únicamente cuántas hectáreas aparecen en las estadísticas de la ANT, sino qué transformación produjeron esas tierras en la vida rural.

Una reforma agraria integral necesita al menos cinco componentes:

tierra + seguridad jurídica + infraestructura + crédito + asistencia técnica y comercialización.

Entregar una parcela sin vías, riego, crédito, asistencia técnica, tecnología, almacenamiento y acceso a mercados puede solucionar parcialmente el problema de propiedad, pero no necesariamente transforma al campesino en productor competitivo.

Aquí considero que el Gobierno quedó corto: la política de acceso a tierra avanzó más rápidamente que la construcción de un modelo integral de desarrollo rural alrededor de esa tierra.

El problema de la productividad

El objetivo final de una reforma agraria no debería ser simplemente redistribuir hectáreas. Debe conseguir que esas hectáreas produzcan más alimentos, generen ingresos rurales y mejoren las condiciones de vida.

Hay señales positivas: en 2025 el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentó en 103.000 sus ocupados, mientras las zonas rurales alcanzaron alrededor de 4,9 millones de personas ocupadas.

Pero no debe confundirse automáticamente este resultado con éxito de la Reforma Agraria. El crecimiento del empleo rural tiene múltiples causas y no puede atribuirse exclusivamente a la política de tierras.

Otro logro importante: protección del suelo agrícola, un aspecto menos visible pero técnicamente muy importante fue el trabajo de la UPRA para proteger tierras de vocación agropecuaria. Entre 2022 y julio de 2026 se declararon 996.780 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 58 municipios.

Esto tiene enorme importancia desde el ordenamiento territorial: una política agraria seria no consiste solamente en entregar tierra, sino también en impedir que los mejores suelos agrícolas terminen convertidos indiscriminadamente en urbanizaciones, infraestructura u otros usos incompatibles.

La gran deuda: transformar la estructura productiva. Aquí es donde la evaluación se vuelve más crítica. Colombia sigue teniendo enormes problemas de concentración y desigualdad en la propiedad rural, baja productividad de buena parte de la agricultura campesina, informalidad, deficiencias de infraestructura rural, dificultades de comercialización y una brecha enorme entre productores pequeños y grandes agroindustrias.

La Reforma Agraria de Petro avanzó considerablemente más en el componente administrativo de tierras que en la transformación completa de la economía rural. Es decir: Se ha avanzado más rápido en entregar títulos y tierras que en construir las condiciones económicas para que esas tierras produzcan riqueza.

Ese debería ser uno de los principales cuestionamientos del balance. ¿Fue un fracaso? Yo no lo presentaría como otro fracaso absoluto del Gobierno. Sería poco riguroso y fácilmente cuestionable porque las cifras muestran avances reales. Lo presentaría como un éxito parcial y una reforma todavía incompleta.

Petro consiguió algo que durante décadas parecía políticamente difícil: volver a colocar la tierra y al campesinado en el centro de la política nacional y acelerar significativamente la formalización, adquisición y adjudicación de tierras. Sin embargo, el Gobierno comete un error cuando presenta todas las hectáreas "gestionadas" como si fueran redistribución. Formalizar la propiedad no es lo mismo que entregar tierra nueva. El verdadero desafío comienza después de entregar la parcela: producir, acceder a crédito, tener vías, asistencia técnica, tecnología, agua, comercialización y seguridad. La Reforma Agraria de Petro avanzó en la distribución y formalización de la tierra, pero todavía no puede considerarse una transformación completa de la economía rural colombiana. El éxito definitivo no se medirá por las hectáreas entregadas, sino por cuántas familias lograron convertir esa tierra en productividad, ingresos y una vida rural digna y sostenible.

Vivienda

La vivienda constituye uno de los capítulos más problemáticos del Gobierno Petro, no solamente por sus consecuencias sociales sino por su impacto sobre la actividad económica, el empleo y una extensa cadena productiva. Es importante, sin embargo, evitar una atribución simplista: la crisis del sector no fue causada exclusivamente por el Gobierno. El mercado ya enfrentaba tasas de interés elevadas, inflación, aumento de los costos de construcción y pérdida de capacidad de endeudamiento de los hogares. Pero precisamente en ese contexto el Estado necesitaba una política de vivienda estable, previsible y contracíclica, y allí la gestión del Gobierno terminó agravando la incertidumbre.

El deterioro fue especialmente fuerte durante 2023. Según Camacol, las ventas de vivienda nueva cayeron 44,9 % frente a 2022, mientras las de Vivienda de Interés Social disminuyeron 49,7 %. Esto significó que los hogares dejaron de comprar 106.554 viviendas respecto al año anterior y que alrededor de 37.753 hogares desistieron de sus procesos de compra. La magnitud económica fue considerable: Camacol estimó que la caída representó aproximadamente $20 billones menos de inversión de los hogares en vivienda. No se trató, por tanto, simplemente de una reducción en las ventas inmobiliarias: detrás de cada vivienda que dejó de venderse hubo menor demanda de cemento, acero, ladrillo, vidrio, transporte, servicios de arquitectura e ingeniería, muebles, electrodomésticos, financiación y mano de obra.

Uno de los elementos que contribuyó a esta situación fue la modificación del programa Mi Casa Ya, particularmente el cambio en los mecanismos de asignación y focalización de los subsidios. La intención de mejorar la focalización mediante el Sisbén puede defenderse técnicamente, pero el problema estuvo en la transición y en la incertidumbre que produjo en hogares, constructores y entidades financieras. Un estudio de Camacol sobre 1.929 proyectos encontró que aproximadamente 31 % de los desistimientos de compradores de vivienda VIS en 2023 estuvieron relacionados con los cambios introducidos en Mi Casa Ya. Esto no permite atribuirle al Gobierno toda la caída del mercado —las altas tasas de interés y la pérdida de capacidad adquisitiva también fueron determinantes—, pero sí demuestra que el cambio de política pública tuvo un efecto identificable sobre la decisión de los hogares.

El problema se profundizó en 2024, cuando la crisis pasó de las ventas a la producción. Los lanzamientos de vivienda nueva disminuyeron 16,7 %, hasta unas 108.832 unidades, mientras las iniciaciones de obra cayeron cerca de 10 %, hasta aproximadamente 133.517 viviendas. Camacol señaló que los lanzamientos alcanzaron entonces su nivel más bajo desde 2008 y que las iniciaciones se encontraban en niveles mínimos de más de una década. Esto es particularmente grave porque una caída de las ventas puede recuperarse relativamente rápido, mientras que la reducción de los proyectos que comienzan a construirse genera un déficit de oferta que se manifiesta durante los años siguientes.

El impacto sobre el empleo confirma que la vivienda terminó convirtiéndose en un problema macroeconómico. Para noviembre de 2024 se estimaba una pérdida cercana a 145.900 puestos de trabajo en el sector de la construcción, mientras la actividad constructora registraba una contracción. La importancia de este dato radica en que la construcción tiene uno de los mayores efectos multiplicadores sobre otras actividades económicas. Cuando disminuye la construcción de vivienda no solamente dejan de trabajar obreros y maestros de obra; también disminuye la demanda de materiales, transporte, servicios profesionales, maquinaria, comercio y financiación. Por eso la crisis habitacional terminó contribuyendo a debilitar un sector que tradicionalmente ha sido uno de los motores de crecimiento y generación de empleo en Colombia.

La situación llegó a ser todavía más preocupante en 2025. Entre enero y febrero de ese año las iniciaciones de vivienda registraron una caída de aproximadamente 55,4 % frente al mismo período de 2024, mostrando que el deterioro de la oferta constructiva había adquirido una dimensión mucho mayor que la caída inicial de las ventas. Posteriormente aparecieron señales de recuperación: las ventas y los lanzamientos comenzaron a mejorar durante 2025. Sin embargo, la recuperación de las ventas no significó inmediatamente recuperación de la construcción. Camacol reportó que en los doce meses a octubre de 2025 las ventas crecieron 11,3 % y los lanzamientos 9,7 %, mientras las iniciaciones todavía presentaban una caída de 18,9 %. Esto demuestra que el problema de fondo no era únicamente la demanda: también había quedado debilitada la capacidad de producción futura de vivienda.

El Gobierno puede presentar resultados que deben reconocerse. El Ministerio de Vivienda informó que durante 2023 fueron asignados 77.957 subsidios de Mi Casa Ya y que a junio de 2024 se habían superado los 103.000 subsidios acumulados, además de haberse avanzado en la solución de obligaciones pendientes de programas anteriores. Por eso no sería correcto afirmar que Petro eliminó los subsidios de vivienda o que abandonó completamente la política habitacional. El problema fue otro: la política perdió continuidad, previsibilidad y capacidad de generar confianza en un mercado que depende de decisiones tomadas con varios años de anticipación.

La dimensión fiscal agravó posteriormente el panorama. Los programas de vivienda social comenzaron a enfrentar mayores restricciones presupuestales, mientras el sector reclamaba una política de subsidios estable que permitiera a los hogares, bancos y constructores planificar. Esto es particularmente importante porque la vivienda VIS funciona mediante una combinación delicada de ahorro familiar, crédito hipotecario, subsidio estatal y capacidad financiera del constructor. Si uno de esos componentes desaparece o se vuelve impredecible, el proyecto puede dejar de ser viable.

Por eso, la evaluación debe superar la discusión política sobre si Petro "construyó muchas o pocas casas". El verdadero indicador es si el Gobierno consiguió aumentar de manera sostenible el acceso de los hogares a la vivienda y, simultáneamente, mantener funcionando el aparato productivo que construye esas viviendas. En este punto el resultado fue negativo. La caída de ventas, desistimientos, lanzamientos, iniciaciones y empleo demuestra que durante una parte importante del Gobierno se produjo una contracción significativa del mercado habitacional.

La conclusión más rigurosa es que la crisis de vivienda no fue exclusivamente causada por Petro, pero su política no consiguió contrarrestarla y algunos cambios institucionales contribuyeron a profundizar la incertidumbre. Las tasas de interés y la inflación explican buena parte del deterioro, pero precisamente por eso era necesario que la política pública actuara como estabilizador y no agregara incertidumbre. El problema de Mi Casa Ya no fue necesariamente buscar una mejor focalización social; fue modificar un mecanismo central del mercado sin conseguir garantizar una transición suficientemente estable para hogares, constructores y entidades financieras.

La vivienda, además, debe analizarse como una política económica y no únicamente como una política social. Cada vivienda que se deja de construir significa también menos empleo, menos consumo de materiales, menos actividad empresarial, menos crédito y menor circulación de dinero en la economía. Por eso el deterioro del sector tuvo efectos que trascendieron ampliamente a las familias que buscaban casa propia. La construcción residencial funciona como un importante multiplicador económico y su contracción coincidió con el debilitamiento general de la inversión y del crecimiento colombiano.

El Gobierno Petro no fracasó porque no haya entregado subsidios; fracasó en conseguir que la política de vivienda funcionara como un sistema estable de acceso a la vivienda, financiación y producción. La magnitud del desplome de 2023, la prolongación de la crisis constructiva durante 2024 y 2025 y la pérdida de empleo muestran una de las mayores deudas de su administración. La posterior recuperación de las ventas demuestra que la demanda no estaba estructuralmente destruida, pero la persistencia de la caída en las iniciaciones revela que el daño sobre la oferta fue más profundo. La conclusión para el balance del Gobierno puede ser contundente: Petro no acabó con la política de vivienda, pero sí rompió durante buena parte de su mandato la estabilidad de un modelo que dependía de confianza, subsidios previsibles, crédito y continuidad. Y cuando se frena la vivienda, no solamente se afecta el sueño de miles de familias de tener casa propia: también se frena uno de los motores de empleo, inversión y crecimiento de la economía colombiana.

Política exterior

En política exterior, el balance del Gobierno Petro puede calificarse como negativo en términos de estrategia y manejo diplomático, aunque no como un fracaso absoluto. El Gobierno consiguió reposicionar a Colombia en debates internacionales como cambio climático, transición energética, migración y la guerra de Gaza, y restableció plenamente las relaciones con Venezuela, con efectos comerciales positivos. Sin embargo, convirtió con frecuencia la política exterior en una extensión de sus posiciones ideológicas y personales, debilitando una tradición colombiana de diplomacia relativamente pragmática y previsible. El problema no fue que Colombia adoptara posiciones propias —eso es legítimo—, sino que en varios momentos el costo diplomático, económico o estratégico de esas posiciones no pareció estar suficientemente calculado.

El caso más evidente fue Estados Unidos, principal socio comercial, aliado estratégico y fuente fundamental de cooperación para Colombia. La relación atravesó en enero de 2025 una crisis inédita después de que Petro rechazara inicialmente recibir vuelos estadounidenses con colombianos deportados, alegando condiciones dignas para los migrantes. La respuesta de Donald Trump incluyó la amenaza de aranceles del 25 %, restricciones de visado y otras medidas. La crisis finalmente fue desactivada mediante un acuerdo, pero dejó una conclusión importante: Colombia estuvo a punto de provocar una confrontación comercial y diplomática con su principal socio económico por una disputa que podía haberse gestionado mediante canales diplomáticos antes de convertirse en una confrontación pública.

Esto es especialmente relevante desde el punto de vista económico porque Estados Unidos continúa siendo un mercado fundamental para Colombia. En 2025, por ejemplo, 31,7 % de las exportaciones colombianas de bienes no minero-energéticos tuvieron como destino Estados Unidos. Una política exterior responsable no tiene por qué someterse a Washington, pero sí debe reconocer que las relaciones internacionales tienen consecuencias económicas concretas. La soberanía no consiste en ignorar el poder de negociación del otro, sino en saber defender los intereses nacionales sin generar innecesariamente riesgos para ellos.

El segundo gran episodio fue Israel. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 como consecuencia de la posición de Petro frente a la guerra en Gaza. La decisión puede defenderse desde una posición política y humanitaria frente al conflicto palestino, pero representó también un alejamiento de un país con el que Colombia mantenía cooperación en áreas militares, tecnológicas, agrícolas y de seguridad. La cuestión no es si Colombia tenía derecho a condenar las acciones del Gobierno israelí —claramente lo tenía—, sino si romper relaciones diplomáticas era el instrumento más eficaz para defender los intereses colombianos y contribuir a una solución internacional. La diplomacia normalmente busca conservar canales precisamente con aquellos Estados con los que existen profundas diferencias.

En contraste, la decisión de restablecer relaciones con Venezuela produjo resultados económicos más favorables. Después de años de ruptura, Colombia y Venezuela retomaron relaciones diplomáticas y comerciales durante el Gobierno Petro. El intercambio comercial pasó de aproximadamente US$791 millones en 2023 a US$1.124 millones en 2024, un aumento del 42 %, según cifras divulgadas por la Embajada de Colombia en Venezuela. Aquí sí existe un resultado concreto: la reapertura de la frontera y la normalización diplomática permitieron recuperar una relación económica que había sufrido enormes pérdidas.

Sin embargo, Venezuela también constituye uno de los principales dilemas de la política exterior de Petro. Colombia comparte con ese país una extensa frontera, problemas migratorios, narcotráfico, presencia de grupos armados y fuertes intereses comerciales. Mantener canales diplomáticos con Caracas era razonable y probablemente necesario. El problema fue la percepción de excesiva proximidad política con el Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente después de las controvertidas elecciones venezolanas de 2024. Para una política exterior de Estado, Colombia necesitaba simultáneamente mantener el diálogo con Venezuela y defender con mayor claridad principios democráticos, transparencia electoral y derechos humanos.

Este punto es particularmente importante porque la política exterior colombiana no puede reducirse a la afinidad ideológica del presidente de turno. Colombia necesita buenas relaciones con Estados Unidos, Venezuela, Europa, China, Brasil, México, Israel, los países árabes y el resto de América Latina, independientemente de quién gobierne cada uno. Cuando la diplomacia se organiza demasiado alrededor de afinidades políticas personales, se pierde margen de maniobra.

Petro sí consiguió, por otra parte, aumentar la visibilidad internacional de Colombia. Su discurso sobre cambio climático, Amazonía, desigualdad, transición energética y reforma del sistema internacional convirtió al país en una voz más reconocible en determinados debates globales. La organización de la COP16 de biodiversidad en Cali fue un logro diplomático relevante y mostró capacidad para utilizar la agenda ambiental como instrumento de posicionamiento internacional. El problema es que visibilidad internacional no equivale necesariamente a influencia internacional. Un presidente puede pronunciar discursos importantes en escenarios mundiales sin que eso se traduzca necesariamente en acuerdos, inversión, cooperación o beneficios concretos para Colombia.

La política exterior económica también presenta una paradoja. El Gobierno habló repetidamente de diversificar las exportaciones y disminuir la dependencia de los hidrocarburos, y existen resultados positivos: las exportaciones de bienes no minero-energéticos alcanzaron en 2025 US$26.388,9 millones, un crecimiento del 20 % frente a 2024 y el mayor valor durante la administración Petro. Pero una cosa es que las exportaciones no mineras crezcan y otra que Colombia haya conseguido reemplazar la importancia estratégica de petróleo y carbón en generación de divisas. La diversificación comenzó a mostrar resultados, pero todavía no constituye una transformación completa de la estructura exportadora colombiana.

El problema de fondo fue, entonces, la personalización de la política exterior. Petro utilizó con frecuencia sus redes sociales y declaraciones personales para intervenir en asuntos internacionales extremadamente sensibles. Eso produjo episodios de confrontación con gobiernos extranjeros que posteriormente tuvieron que ser gestionados por la Cancillería. Una política exterior profesional debería permitir que el Presidente establezca las grandes orientaciones, pero que la diplomacia profesional administre los conflictos, preserve canales y calcule cuidadosamente las consecuencias.

Por eso, el balance no debería decir que Petro "aisló a Colombia del mundo", porque eso sería falso: Colombia continuó comerciando, participando activamente en organismos multilaterales, mantuvo relaciones diplomáticas con las principales potencias y aumentó su protagonismo en determinados debates internacionales. El problema fue la pérdida de previsibilidad y la utilización frecuente de la diplomacia como escenario de confrontación política.

Petro hizo de Colombia una voz internacional mucho más visible, pero no necesariamente una potencia diplomática más eficaz. Su Gobierno acertó al recuperar la relación con Venezuela, posicionar al país en la agenda ambiental y buscar una mayor diversificación económica; pero falló al convertir demasiadas veces la política exterior en una prolongación de su ideología y de su confrontación política. La crisis con Estados Unidos mostró el costo que puede tener una diplomacia impulsiva cuando se pone en riesgo la relación con el principal socio comercial del país; la ruptura con Israel evidenció una política exterior guiada por posiciones políticas antes que por la preservación de canales diplomáticos; y la relación con Venezuela mostró la dificultad de separar el diálogo necesario con un vecino estratégico de la defensa firme de los principios democráticos. La política exterior no debe servir para que un Presidente diga lo que piensa del mundo, sino para conseguir que el mundo sea más favorable a los intereses de Colombia. Y en ese tránsito entre protagonismo y resultados, Petro deja un balance mucho más débil de lo que su enorme exposición internacional podría hacer creer.

Corrupción y transparencia

Este es probablemente uno de los capítulos más difíciles de defender del Gobierno Petro, porque existe una contradicción especialmente fuerte entre la bandera política con la que llegó al poder —la lucha contra la corrupción y contra las prácticas de la vieja política— y los grandes escándalos de contratación, financiación política y manejo de recursos públicos que terminaron afectando a su administración. Es importante precisar que no puede afirmarse que Petro personalmente haya sido condenado por corrupción, ni que todos los hechos investigados puedan atribuirse directamente al Presidente. Pero sí puede evaluarse la responsabilidad política y administrativa de un Gobierno por los controles que funcionaron, los que fallaron y la cultura institucional que permitió que determinados hechos ocurrieran.

El caso más grave fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad terminó convertida en el epicentro de uno de los mayores escándalos de contratación del Gobierno. La Procuraduría encontró presuntas irregularidades en numerosos contratos y señaló que, solamente en el marco de una de las emergencias examinadas, existían al menos 20 convenios y más de 200 contratos por aproximadamente $1,3 billones, sin que inicialmente la propia entidad tuviera consolidada toda la información contractual requerida por el órgano de control. El caso de los 40 carrotanques destinados a La Guajira es todavía más contundente: la Procuraduría estableció que se pagaron más de $16.000 millones, con un presunto sobrecosto superior al 54 % frente a los precios de mercado. En 2025 confirmó sanciones de destitución e inhabilidad de 18 años para el exdirector Olmedo López y de 20 años para Sneyder Pinilla.

Lo grave políticamente no fue únicamente que hubiera funcionarios corruptos —un problema que puede aparecer bajo cualquier gobierno—, sino que la UNGRD era una entidad bajo responsabilidad directa del Ejecutivo y manejaba recursos destinados precisamente a atender emergencias y poblaciones vulnerables. La corrupción en una entidad de esta naturaleza tiene una gravedad adicional porque el dinero presuntamente comprometido irregularmente no estaba destinado a un gasto suntuario, sino a resolver necesidades básicas de comunidades afectadas por desastres, escasez de agua y emergencias. Además, las investigaciones de la Procuraduría se extendieron a otros contratos relacionados con plantas desalinizadoras, alquiler de carrotanques y adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira.

El problema tampoco terminó con el escándalo inicial. En 2026 la Procuraduría continuó abriendo investigaciones y formulando cargos por nuevas presuntas irregularidades contractuales dentro de la UNGRD, incluyendo un contrato de más de $2.000 millones relacionado con elementos de identificación institucional que, según el órgano de control, presentaría valores superiores a los del mercado. Esto muestra que no se trató simplemente de un episodio aislado producido por dos funcionarios, sino de fallas más profundas en los mecanismos de contratación, supervisión, control interno y selección de funcionarios.

La segunda gran dificultad está relacionada con la financiación de la política y el manejo de la campaña presidencial. El llamado caso de los aportes de campaña y las investigaciones relacionadas con el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades pusieron en cuestión la transparencia de la financiación electoral. Aquí debe mantenerse una distinción jurídica fundamental: una investigación o una formulación de cargos no equivale a una condena penal, pero políticamente sí obliga a preguntar cómo se administraron los recursos, quién tomó las decisiones, qué controles existieron y si se respetaron los límites y reglas de financiación electoral.

También resulta problemático el episodio relacionado con Nicolás Petro, hijo del Presidente, y las investigaciones por recursos recibidos durante la campaña de 2022. Aunque se trata de actuaciones que deben determinar las autoridades competentes y no pueden utilizarse automáticamente para afirmar responsabilidad penal del Presidente, el episodio tuvo un enorme impacto político porque involucró recursos cuya procedencia y utilización fueron objeto de investigación y porque ocurrió alrededor de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.

El problema de fondo es que el Gobierno llegó al poder prometiendo romper con la política tradicional, acabar con el clientelismo y transformar las prácticas de contratación pública, pero terminó enfrentando precisamente algunos de los patrones que históricamente había denunciado: intermediación política, contratación cuestionada, funcionarios cercanos al poder involucrados en escándalos y utilización de recursos públicos en contextos donde deberían existir controles particularmente estrictos. La contradicción política es, por tanto, mucho más importante que la simple enumeración de escándalos.

Los indicadores internacionales tampoco muestran una transformación estructural. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, publicado en febrero de 2026, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 99 entre 182 países. Además, perdió dos puntos frente a la medición anterior. Transparencia Internacional advierte que el índice mide percepción de corrupción en el sector público a partir de evaluaciones de expertos y empresarios, por lo que no constituye una medición directa de cuánto dinero se roba ni permite atribuir automáticamente el resultado a un gobierno específico. Sin embargo, sí es un indicador relevante para evaluar la percepción internacional sobre la integridad de las instituciones públicas.

Hay, además, una consideración importante: la corrupción colombiana no comenzó con Petro. Colombia arrastra durante décadas problemas de contratación, clientelismo, captura institucional, corrupción territorial y apropiación ilegal de recursos públicos. Por eso sería intelectualmente débil afirmar que Petro creó la corrupción en Colombia. La pregunta correcta es otra: ¿consiguió reducirla significativamente después de llegar al poder con la promesa explícita de hacerlo? Y la respuesta, a la luz de los grandes escándalos y de los indicadores disponibles, es difícilmente positiva.

De hecho, la paradoja es más fuerte porque Petro construyó buena parte de su legitimidad política denunciando precisamente el establecimiento político y las prácticas corruptas de gobiernos anteriores. Eso elevaba la expectativa. Un Gobierno convencional podría ser evaluado por su capacidad para controlar la corrupción; un Gobierno que llega prometiendo acabar con ella debe ser evaluado además por su capacidad para construir un nuevo estándar de transparencia. En ese aspecto, la distancia entre el discurso y los resultados fue considerable.

También debe reconocerse que las instituciones de control funcionaron en varios de estos casos. La Procuraduría investigó, formuló cargos y sancionó a funcionarios; la Fiscalía adelantó investigaciones penales y otras autoridades ejercieron sus competencias. Eso es positivo y demuestra que Colombia conserva contrapesos institucionales capaces de investigar al propio Gobierno. Pero precisamente por eso no debe confundirse el funcionamiento posterior de los órganos de control con la eficacia preventiva del Gobierno. La pregunta relevante es: ¿por qué los controles internos no detectaron o evitaron oportunamente estas operaciones antes de que los escándalos explotaran públicamente?

En este sentido, el fracaso más importante no es solamente que haya habido corrupción, sino que el Gobierno no consiguió construir el nuevo modelo de transparencia y prevención que prometió. La corrupción tiene un costo económico enorme: encarece las obras públicas, reduce la calidad de los servicios, desvía recursos que deberían llegar a la población y deteriora la confianza de ciudadanos, empresarios e inversionistas. Cuando además aparece en entidades que manejan recursos de emergencia, el daño social es todavía mayor.

Corrupción y transparencia constituyen probablemente la mayor contradicción política del Gobierno Petro. Llegó al poder prometiendo acabar con el clientelismo, la corrupción y las prácticas de la vieja política, pero terminó enfrentando algunos de los mayores escándalos de contratación de su administración, con la UNGRD como símbolo de una falla profunda de controles y vigilancia sobre los recursos públicos. Los sobrecostos investigados en los carrotanques de La Guajira, la existencia de centenares de contratos bajo investigación y la continuidad de actuaciones disciplinarias posteriores muestran que no se trató simplemente de un caso aislado. No es jurídicamente correcto atribuir al Presidente responsabilidad penal por cada hecho investigado, pero sí es políticamente legítimo exigirle responsabilidad por el funcionamiento de su administración. El problema no es que la corrupción haya aparecido durante su Gobierno —Colombia la padece desde hace décadas—, sino que quien llegó prometiendo combatirla no logró demostrar una ruptura estructural con esas prácticas. El Gobierno consiguió investigar y sancionar algunos casos a través de los organismos de control, pero eso demuestra que los contrapesos institucionales funcionaron; no demuestra que el Ejecutivo haya construido un sistema preventivo eficaz. En el balance final queda una paradoja difícil de ignorar: el Gobierno que prometió cambiar las reglas de la política terminó enfrentando escándalos que reproducen precisamente algunas de las prácticas que durante años había denunciado.

El mayor fracaso anticorrupción de Petro no es que haya existido corrupción durante su Gobierno; es que, después de llegar al poder prometiendo acabar con ella, no logró demostrar que las reglas del juego hubieran cambiado y que la haya justificado y defendido. 

Cumplimiento del programa de Gobierno

El balance del cumplimiento del programa de Gustavo Petro debe hacerse con una precaución fundamental: no basta con contar anuncios, leyes aprobadas o recursos ejecutados; hay que comparar las promesas de campaña, las metas formalmente incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y los resultados efectivamente alcanzados. El instrumento oficial para hacerlo es SINERGIA, del DNP, que realiza el seguimiento de los indicadores del PND. El Plan se estructuró alrededor de cinco grandes transformaciones: derecho humano a la alimentación; ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental; seguridad humana y justicia social; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional.

El propio sistema oficial del DNP reporta, con corte al 30 de abril de 2026, un avance agregado de 71,16 % en los indicadores sectoriales del PND 2022-2026. Sin embargo, esta cifra debe interpretarse con cuidado: el sistema trabaja con 228 indicadores, de los cuales 226 tienen fichas técnicas aprobadas, y el cálculo incluye con 0 % aquellos indicadores que no cuentan con ficha técnica aprobada. Además, el indicador agregado mide el avance de las metas del PND, no el porcentaje de cumplimiento de todas las promesas que Petro hizo durante la campaña presidencial. Por eso sería metodológicamente incorrecto afirmar que Petro "cumplió el 71 % de su programa". Lo correcto es decir que el Gobierno reporta un avance de 71,16 % en el conjunto de indicadores sectoriales de su PND.

La diferencia entre ambas cosas es fundamental. El programa de Gobierno de Petro contenía transformaciones mucho más ambiciosas que las que finalmente quedaron convertidas en indicadores medibles dentro del PND. Algunas promesas fueron modificadas, otras quedaron condicionadas por el Congreso, otras fueron parcialmente ejecutadas y varias no llegaron a materializarse. Las grandes reformas sociales —salud, pensiones, trabajo y educación— fueron parcialmente aprobadas, modificadas o quedaron incompletas. La reforma laboral, por ejemplo, terminó teniendo un trámite legislativo prolongado y una versión diferente de la propuesta original; la reforma a la salud no consiguió convertirse en la transformación estructural que había planteado inicialmente el Gobierno; y varias de las propuestas económicas y energéticas más radicales fueron limitadas por el Congreso, las instituciones, la realidad fiscal o las condiciones económicas.

En materia de Paz Total, el contraste entre la promesa y el resultado es particularmente evidente. Petro llegó al poder planteando una política de paz mucho más ambiciosa que las negociaciones tradicionales, buscando acuerdos simultáneos con diferentes organizaciones armadas. Sin embargo, el deterioro de la seguridad, la expansión territorial de grupos armados y la suspensión o crisis de varios procesos de negociación terminaron convirtiendo este componente en uno de los principales incumplimientos políticos de su Gobierno. En este caso existe una diferencia clara entre haber abierto negociaciones y haber conseguido una paz efectiva y sostenible.

Algo similar ocurre con la promesa de transformación económica. El Gobierno planteó una transición hacia una economía productiva menos dependiente del petróleo y el carbón, con mayor peso de la agricultura, la industria, el turismo, la economía popular y las energías limpias. Hubo avances en algunos indicadores, especialmente en exportaciones no minero-energéticas y crédito hacia sectores priorizados, pero la transformación estructural quedó incompleta. Incluso el propio Gobierno reconoce que el Pacto por el Crédito desembolsó $254,72 billones hasta diciembre de 2025, con una ejecución del 84,1 %, pero esto representa un instrumento de política económica, no una transformación completa de la estructura productiva colombiana.

En reforma agraria, el balance es más favorable: hubo avances significativos en adquisición, adjudicación y formalización de tierras. En medio ambiente, también existen resultados verificables, especialmente la fuerte reducción de la deforestación en 2023, aunque posteriormente se produjo un rebote. En pobreza y empleo, los indicadores oficiales muestran mejoras en varios momentos del período, pero deben analizarse junto con la calidad del empleo, la informalidad y los cambios metodológicos y demográficos. En educación, hubo ampliación de algunos programas y acceso, pero quedaron pendientes transformaciones estructurales relacionadas con calidad, infraestructura y educación superior. Es decir, el cumplimiento fue muy desigual entre sectores.

Hay además una diferencia importante entre cumplimiento administrativo y cumplimiento sustantivo. Un Gobierno puede alcanzar una meta porque expidió una norma, creó un programa, entregó determinado número de subsidios o ejecutó determinado presupuesto. Pero eso no necesariamente significa que haya conseguido la transformación que prometió. El propio DNP reconoce que el seguimiento combina indicadores de gestión y de resultado; por eso, para nuestro balance, deberíamos privilegiar los segundos.

También debemos tener cuidado con los balances del propio Gobierno. En julio de 2026 Petro afirmó que su Plan de Desarrollo había conseguido resultados sociales y económicos evidentes y destacó, entre otros aspectos, una reducción de cinco millones de personas en pobreza y dos millones en pobreza extrema. Estas cifras deben contrastarse con DANE y con la metodología utilizada para medir pobreza, en lugar de asumirlas automáticamente como prueba del cumplimiento del programa. El balance final debe construirse con fuentes independientes y oficiales, no solamente con el relato del Gobierno.

La conclusión más equilibrada es que Petro cumplió parcialmente su programa, pero no consiguió la transformación estructural que prometió. Su Gobierno logró convertir algunas propuestas en políticas públicas y obtuvo resultados concretos en determinados sectores, especialmente tierra, algunos indicadores sociales, transición hacia una política ambiental más fuerte y diversificación de ciertas exportaciones. Pero las reformas centrales que constituían la identidad de su proyecto político quedaron incompletas, modificadas o enfrentaron resultados muy inferiores a las expectativas: salud, seguridad, paz, vivienda, crecimiento económico, transición energética y lucha contra la corrupción son ejemplos especialmente importantes.

Un Gobierno con cumplimiento desigual: avances importantes en algunas metas del PND, cumplimiento parcial en otras y fracasos o incumplimientos notorios en varias de sus principales promesas políticas. El dato oficial de 71,16 % sirve como punto de partida, pero no como calificación final. La verdadera evaluación debe preguntarse qué prometió Petro, qué convirtió en política pública, qué logró ejecutar y, sobre todo, qué cambió realmente en la vida de los colombianos. Esa última pregunta es la que permite diferenciar entre cumplimiento burocrático y cumplimiento efectivo.

Principales promesas incumplidas

Al evaluar las promesas incumplidas de Gustavo Petro conviene distinguir entre promesas de campaña, compromisos incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y resultados finalmente obtenidos. No todo lo que no se aprobó puede calificarse como incumplimiento del Ejecutivo, porque varias reformas dependían del Congreso, de decisiones judiciales o de condiciones económicas externas. Pero cuando una promesa constituía una bandera central del proyecto político y después de cuatro años no produjo el resultado anunciado, sí es legítimo hablar de incumplimiento político. El propio DNP reportó al cierre del Gobierno un avance de 71,16 % de los indicadores sectoriales del PND, lo que significa que hubo ejecución importante, pero también que cerca de tres de cada diez indicadores no habían alcanzado la meta correspondiente. Esa cifra, además, no equivale al porcentaje de cumplimiento de las promesas de campaña.

Entre las principales promesas incumplidas está la transformación estructural del sistema de salud. Petro llegó al poder prometiendo cambiar radicalmente el modelo, reducir el papel de las EPS y construir un sistema preventivo y territorial. La reforma a la salud no logró consolidarse como fue planteada originalmente y terminó enfrentando fuertes obstáculos políticos e institucionales. Paralelamente, varias EPS fueron intervenidas y el deterioro financiero de algunas de ellas se convirtió en uno de los problemas más controvertidos del Gobierno. Un balance publicado al final del mandato señala que el patrimonio agregado de las EPS intervenidas pasó de aproximadamente -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026, aunque estas cifras deben analizarse individualmente y no pueden atribuirse exclusivamente a las decisiones de Petro. En consecuencia, la promesa de transformar el sistema no puede considerarse cumplida en los términos originales.

Otra promesa central fue la Paz Total. Petro planteó una estrategia mucho más ambiciosa que las negociaciones tradicionales: conseguir simultáneamente acuerdos con el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otros grupos armados. Aunque se instalaron mesas, se produjeron ceses al fuego y se consiguieron algunos acuerdos parciales, el resultado final quedó muy lejos de la promesa de llevar al país hacia una paz sustancialmente nueva. Por el contrario, el crecimiento y fortalecimiento de organizaciones armadas en varias regiones, la crisis de diferentes negociaciones y el deterioro de la seguridad terminaron convirtiendo la Paz Total en uno de los mayores incumplimientos políticos del Gobierno. El balance reciente muestra que los grupos armados ilegales aumentaron significativamente su capacidad y presencia territorial. Negociar con los grupos armados fue un cumplimiento de procedimiento; conseguir una reducción sostenible de la violencia era el verdadero objetivo y ese resultado no se alcanzó.

También quedó incumplida en buena medida la promesa de recuperar la seguridad mediante una política distinta a la tradicional. El Gobierno cuestionó durante la campaña el enfoque predominantemente militar de administraciones anteriores y prometió combinar seguridad con transformación social y diálogo. Sin embargo, Colombia terminó el período enfrentando graves problemas de secuestro, extorsión, desplazamiento, confinamiento y expansión territorial de grupos armados. Por ello, aunque hubo operaciones militares y policiales y algunos resultados locales, la promesa política de construir una nueva estrategia de seguridad más eficaz no puede considerarse satisfecha.

En materia económica, Petro prometió una transformación productiva que redujera la dependencia de petróleo y carbón y trasladara el centro de gravedad hacia agricultura, industria, turismo, ciencia, tecnología y economía popular. Hubo avances en exportaciones no minero-energéticas y algunos sectores productivos, pero no se produjo la transformación estructural anunciada. El Gobierno puede mostrar que las exportaciones no minero-energéticas alcanzaron máximos históricos durante el período, pero Colombia continúa dependiendo significativamente de las materias primas y, además, la economía enfrentó un período de bajo crecimiento e inversión. Por tanto, la diversificación comenzó, pero la promesa de transformar el modelo productivo quedó inconclusa.

Una promesa especialmente significativa fue la de realizar una transición energética que disminuyera la dependencia de los combustibles fósiles. Petro convirtió esta propuesta en una de las principales banderas internacionales de su Gobierno. Sin embargo, Colombia continuó dependiendo de petróleo y gas para obtener buena parte de sus divisas y de sus ingresos fiscales, mientras el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable avanzó más lentamente de lo anunciado. El Gobierno consiguió aumentar la discusión sobre transición energética, pero una cosa es modificar el discurso energético y otra transformar efectivamente la matriz productiva y exportadora del país. La promesa de una transición acelerada quedó, por tanto, lejos de cumplirse plenamente.

La vivienda constituye otro incumplimiento importante. Petro prometió fortalecer el acceso de los hogares a vivienda digna y modificar el modelo de subsidios. Sin embargo, durante su administración se produjo un fuerte desplome de las ventas y de la construcción de vivienda, especialmente VIS. Las modificaciones a Mi Casa Ya generaron incertidumbre y, aunque posteriormente hubo señales de recuperación, las iniciaciones permanecieron muy debilitadas. El problema no es que no se hayan entregado subsidios —sí se entregaron—, sino que el resultado global del mercado habitacional fue contrario a la expansión que necesitaba el país. Esto terminó afectando además el empleo y la actividad económica.

En lucha contra la corrupción, la distancia entre promesa y resultado es todavía más evidente políticamente. Petro llegó prometiendo acabar con la corrupción y con las prácticas de la vieja política, pero su Gobierno terminó enfrentando escándalos de enorme magnitud, especialmente el de la UNGRD. La investigación de los carrotanques para La Guajira, los contratos cuestionados y las actuaciones posteriores de los organismos de control constituyeron una contradicción directa con la promesa de construir un nuevo estándar de transparencia. Esto no significa que Petro sea jurídicamente responsable de cada irregularidad investigada, pero sí permite afirmar que su Gobierno no consiguió demostrar la ruptura estructural con las prácticas que había prometido combatir.

También quedó lejos de cumplirse la promesa de una reforma política profunda que transformara las relaciones entre poder económico, partidos y Estado. Petro planteó durante la campaña una ruptura con el sistema político tradicional, pero terminó dependiendo del Congreso, construyendo coaliciones y negociaciones parlamentarias similares a las utilizadas por gobiernos anteriores. La política colombiana no experimentó la transformación institucional que sugería el discurso inicial del "cambio". En este sentido, el Gobierno terminó enfrentando una de las contradicciones clásicas de la política: llegó prometiendo transformar las reglas del poder, pero tuvo que gobernar utilizando buena parte de las mismas reglas y mecanismos de negociación que había cuestionado.

La promesa de descentralización y mayor transformación de las regiones también tuvo resultados insuficientes. Gobernadores y autoridades territoriales reclamaron durante el período dificultades en la ejecución de proyectos y compromisos pendientes con los territorios. El problema no fue únicamente financiero: también hubo dificultades de coordinación entre Gobierno nacional y entidades territoriales. Esto es especialmente relevante porque el discurso de Petro prometía un Estado más cercano a las regiones y una transformación territorial profunda.

Finalmente, hay una promesa transversal que permite entender buena parte del balance: "el cambio" como transformación estructural del modelo de desarrollo colombiano. El Gobierno sí cambió prioridades, lenguaje, composición política y orientación de varias políticas públicas. Pero transformar prioridades no es lo mismo que transformar estructuras. Colombia termina el período con avances importantes en tierras, algunas políticas sociales y determinados indicadores ambientales, pero también con graves problemas de seguridad, una situación fiscal deteriorada, dificultades en salud, crisis de vivienda y cuestionamientos de transparencia. Los balances independientes de cierre del Gobierno coinciden precisamente en esa naturaleza contradictoria: hubo logros sociales y políticos reales, pero también incumplimientos importantes y resultados muy inferiores a las expectativas creadas por el programa original.

El principal incumplimiento del Gobierno Petro no está en una lista de promesas aisladas, sino en la distancia entre la magnitud del cambio que prometió y la transformación que finalmente consiguió. Petro sí cambió prioridades del Estado, impulsó la reforma agraria, aprobó la reforma pensional, fortaleció algunas políticas sociales y puso en el centro debates que gobiernos anteriores habían relegado. Pero las promesas que constituían el núcleo más ambicioso de su proyecto quedaron inconclusas o produjeron resultados muy inferiores a los anunciados: la Paz Total no consiguió pacificar el territorio; la reforma estructural de la salud no se materializó; la vivienda sufrió una fuerte contracción; la transición energética avanzó mucho más lentamente que el discurso; la transformación productiva no modificó sustancialmente la dependencia de materias primas; y la promesa de acabar con la corrupción chocó con graves escándalos dentro de su propia administración. El 71,16 % de avance reportado para los indicadores del PND demuestra que el Gobierno sí ejecutó una parte importante de su agenda, pero no permite afirmar que haya cumplido el 71 % de sus promesas. El balance más honesto es otro: Petro produjo cambios importantes, pero no consiguió el cambio estructural que prometió. Esa diferencia entre modificar la agenda del Estado y transformar realmente el país es, probablemente, la clave para evaluar su legado.

Balance final del Gobierno Petro: una evaluación por indicadores objetivos

Si el objetivo es cerrar el análisis de los cuatro años de Gustavo Petro con una evaluación técnica y no partidista, la conclusión más defendible es que su Gobierno deja un balance mixto, con avances sociales y ambientales importantes, pero con resultados muy deficientes en seguridad, ejecución institucional, vivienda, salud, corrupción y sostenibilidad fiscal. El dato más importante es que no corresponde ni al relato de “todo fue un fracaso” ni al de “todo fue un éxito”: los indicadores muestran ambas cosas simultáneamente.

En crecimiento económico, Colombia termina 2025 con un crecimiento del PIB de 2,6 %, después del fuerte enfriamiento de 2023 y 2024. El resultado es positivo frente al estancamiento, pero insuficiente para hablar de una transformación económica. Además, la recuperación estuvo impulsada especialmente por comercio, transporte, alojamiento, administración pública, educación, salud y actividades artísticas, mientras sectores fundamentales para la inversión productiva, como construcción e industrias manufactureras, tuvieron un desempeño mucho más débil. El resultado permite decir que Petro no deja una economía en recesión, pero tampoco deja una economía transformada ni particularmente dinámica.

En empleo, el balance es aparentemente favorable: el desempleo llegó a niveles históricamente bajos, alrededor del 8,8 % al cierre del período. Sin embargo, la lectura debe complementarse con la calidad del empleo. Colombia continúa teniendo una informalidad superior al 50 %, por lo que una parte importante de los nuevos ocupados no corresponde a empleos formales, estables y con protección social. Por eso es incorrecto presentar exclusivamente la reducción del desempleo como evidencia de una transformación estructural del mercado laboral. Se creó empleo, pero el desafío de convertirlo en empleo formal y productivo continúa prácticamente intacto.

En pobreza, en cambio, existe un resultado estadístico claramente positivo que debe reconocerse. El DANE reportó que la pobreza monetaria pasó de 34,6 % en 2023 a 31,8 % en 2024, y posteriormente a 28,0 % en 2025; esto significa que en 2025 aproximadamente 1,79 millones de personas salieron de la pobreza monetaria respecto de 2024. La pobreza extrema también disminuyó. No obstante, esta medición no significa que Colombia haya dejado de tener un problema estructural de pobreza: todavía 14,45 millones de personas estaban bajo la línea de pobreza monetaria en 2025, y la incidencia rural llegó al 39,5 %. Por tanto, aquí el Gobierno tiene un resultado que no debería negarse, aunque tampoco debe confundirse reducción estadística de pobreza con superación de la pobreza estructural.

En inflación, el Gobierno recibió un país con una inflación extraordinariamente elevada, producto en buena medida de los choques internacionales posteriores a la pandemia y de factores internos. La inflación comenzó a descender durante su administración, aunque este resultado no puede atribuirse exclusivamente al Ejecutivo: la política monetaria corresponde fundamentalmente al Banco de la República y la desinflación respondió también a la normalización de los mercados internacionales y de las cadenas de suministro. Por eso sería incorrecto que Petro se atribuyera directamente la reducción de la inflación, del mismo modo que sería incorrecto responsabilizarlo exclusivamente por el pico inflacionario inicial.

El capítulo fiscal es mucho más preocupante. El país termina el Gobierno con un déficit fiscal elevado y una presión importante sobre la deuda pública. Este es uno de los puntos donde el balance económico se deteriora claramente: el Estado aumentó considerablemente su capacidad de gasto, pero no consiguió acompañarla con una expansión suficientemente sólida de los ingresos permanentes ni con una ejecución eficiente. La consecuencia es un menor margen fiscal para el próximo Gobierno. Este problema es especialmente grave porque limita la capacidad futura de financiar salud, educación, infraestructura y programas sociales sin aumentar impuestos o endeudamiento.

En vivienda, el resultado es particularmente negativo. El mercado sufrió una fuerte contracción: en 2023 las ventas de vivienda nueva cayeron cerca de 45 %, y posteriormente la crisis se trasladó a lanzamientos e iniciaciones. El problema terminó afectando empleo, industria y comercio. Aunque hubo recuperación posterior de las ventas, la construcción permaneció rezagada. Por ello, la política de vivienda es uno de los mayores fracasos sectoriales del Gobierno, no solamente desde el punto de vista social sino también económico.

En seguridad, el balance es claramente desfavorable. La política de Paz Total no consiguió producir la reducción sostenible de la violencia que constituía su objetivo fundamental. Los grupos armados aumentaron su capacidad y presencia territorial y el narcotráfico continuó expandiéndose. Al cierre del período, estimaciones periodísticas basadas en cifras oficiales muestran un crecimiento muy importante de integrantes de organizaciones armadas, mientras los cultivos de coca alcanzaron aproximadamente 261.000 hectáreas en 2024. La conclusión objetiva es que el Gobierno consiguió abrir procesos de negociación, pero no consiguió traducirlos en una mejora equivalente de la seguridad ciudadana y territorial.

En lucha contra el narcotráfico, la situación es igualmente problemática. La expansión de los cultivos de coca demuestra que la estrategia no consiguió contener estructuralmente la economía ilegal. Esto es especialmente relevante porque Petro cuestionó la política tradicional de guerra contra las drogas y planteó un enfoque diferente. La evaluación debe hacerse entonces contra su propia propuesta: si el objetivo era reducir la dependencia de la economía ilegal mediante transformación social y sustitución, el crecimiento de los cultivos demuestra que el resultado estuvo lejos de lo esperado.

En medio ambiente, en cambio, existe uno de los resultados más sólidos del Gobierno. La deforestación cayó de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 en 2023, una reducción del 36 %, y en 2024 se registraron 113.608 hectáreas, la segunda cifra más baja desde que existe la medición moderna. El IDEAM calcula que entre 2022 y 2024 la reducción acumulada frente a la línea base de 2021 fue del 39 %, superando la meta del PND. Sin embargo, tampoco debe presentarse como una victoria definitiva: en 2024 hubo un repunte respecto de 2023 y dentro de parques nacionales se deforestaron 10.127 hectáreas. Es un logro real, pero todavía no una solución estructural a la deforestación.

En reforma agraria, Petro deja uno de los avances más importantes de su administración. La adquisición, recuperación y formalización de tierras aumentó significativamente respecto de gobiernos anteriores. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito de una reforma agraria no es únicamente cuántas hectáreas cambian de propietario, sino qué ocurre después con esas tierras: productividad, infraestructura rural, asistencia técnica, crédito, comercialización y generación de ingresos. El Gobierno avanzó en la distribución, pero la transformación productiva rural todavía está lejos de completarse.

En pensiones, el Gobierno consiguió convertir en ley una reforma estructural, lo que constituye un logro político significativo. La reforma amplía la protección para adultos mayores sin pensión y modifica la distribución de las cotizaciones entre el régimen público y el ahorro individual. Su principal problema no es su existencia sino la sostenibilidad fiscal y financiera de largo plazo, asunto que deberá ser vigilado durante las próximas décadas. Por tanto, puede calificarse como cumplimiento legislativo importante con interrogantes fiscales de largo plazo.

En salud, el balance vuelve a ser negativo. La reforma estructural no consiguió consolidarse como inicialmente fue planteada y el sistema terminó atravesando una fuerte crisis financiera y de atención. El Gobierno puede argumentar que recibió problemas acumulados durante años, lo cual es cierto; pero también es cierto que durante su administración aumentó la incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema. No logró demostrar que su alternativa produjera un sistema más eficiente, sostenible y oportuno que el existente.

En corrupción y transparencia, la contradicción entre discurso y resultados es particularmente fuerte. Los casos de la UNGRD y los cuestionamientos sobre contratación y financiación política constituyen una de las principales debilidades del Gobierno. No es jurídicamente correcto atribuirle al Presidente responsabilidad penal por todos esos hechos, pero políticamente sí es legítimo preguntarle por la capacidad de sus mecanismos de selección, supervisión y control. El Gobierno que llegó prometiendo combatir las prácticas corruptas terminó enfrentando algunos de los mayores escándalos de su administración.

En política exterior, Colombia ganó visibilidad internacional en asuntos ambientales, biodiversidad y cambio climático y consiguió restablecer relaciones económicas y diplomáticas con Venezuela. Pero la relación con Estados Unidos atravesó momentos de tensión innecesarios y la diplomacia estuvo frecuentemente condicionada por declaraciones presidenciales de alto contenido ideológico. El resultado fue mayor visibilidad internacional, pero menor previsibilidad diplomática.

Finalmente, en cumplimiento del programa, el propio sistema oficial de seguimiento del DNP reportó un avance agregado de 71,16 % en los indicadores sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo al cierre del período. Este dato debe utilizarse con precisión: no significa que Petro haya cumplido el 71 % de sus promesas de campaña, porque mide indicadores específicos del PND y no todo el programa político. Es una evidencia de ejecución importante, pero también muestra que quedaron metas pendientes.

Área	Resultado objetivo	Evaluación
PIB	+2,6 % en 2025	🟡 Recuperación débil
Desempleo	~8,8 %	🟢 Positivo
Informalidad	>50 %	🔴 Problema estructural
Pobreza monetaria	28,0 % en 2025	🟢 Mejora importante
Pobreza extrema	Descenso	🟢 Positivo
Inflación	Descenso desde el máximo de 2022	🟢 Positivo, pero no atribuible solo al Gobierno
Déficit fiscal	Elevado, con fuerte presión sobre las finanzas públicas	🔴 Negativo
Vivienda	Fuerte caída de ventas, lanzamientos e iniciaciones	🔴 Muy negativo
Seguridad	Expansión de grupos armados y deterioro territorial	🔴 Muy negativo
Narcotráfico	Coca en niveles históricos	🔴 Negativo
Deforestación	79.256 ha en 2023; 113.608 en 2024	🟢 Positivo, aunque con repunte
Reforma agraria	Aumento importante de compra/formalización	🟢 Positivo
Pensiones	Reforma aprobada	🟢 Cumplimiento importante
Salud	Reforma estructural inconclusa y crisis financiera	🔴 Negativo
Corrupción	UNGRD y otros escándalos	🔴 Muy negativo
Paz Total	Negociaciones sin pacificación sostenible	🔴 Muy negativo
PND	71,16 % de avance de indicadores	🟡 Cumplimiento parcial

El balance final, entonces, no debería ser "Petro fue un fracaso" ni "Petro transformó Colombia". Los datos no sostienen ninguno de los dos extremos. El Gobierno deja resultados sociales que son reales y estadísticamente verificables —especialmente reducción de pobreza, menor desempleo, reforma pensional, reforma agraria y reducción de la deforestación—, pero simultáneamente deja una situación fiscal más frágil, una crisis de seguridad mucho más grave, problemas serios en salud, una profunda crisis de vivienda, resultados insuficientes contra el narcotráfico y un deterioro importante de la confianza institucional por los escándalos de corrupción.

Mi calificación técnica sería, por tanto, un Gobierno de resultados mixtos y de transformación incompleta. Su mayor fortaleza estuvo en redistribución, agenda social, tierra y ambiente; su mayor debilidad, en seguridad, ejecución institucional, vivienda, salud, corrupción y sostenibilidad fiscal. Y existe una conclusión particularmente importante para el artículo: Petro consiguió cambiar la agenda política de Colombia mucho más de lo que consiguió cambiar estructuralmente la economía, la seguridad y las instituciones del país.

Los datos oficiales del DANE son especialmente útiles para mantener el análisis equilibrado: la pobreza efectivamente bajó hasta 28 % en 2025, pero todavía quedaron 14,45 millones de personas bajo la línea de pobreza y casi 40 % de la población rural permanecía en esa condición. Del mismo modo, la reducción de la deforestación es un logro verificable, pero las 113.608 hectáreas perdidas en 2024 muestran que el problema continúa siendo enorme.

Petro deja un país con algunos indicadores sociales mejores que los que recibió, pero con problemas fiscales, de seguridad, institucionalidad y confianza que limitan seriamente la posibilidad de convertir esos avances sociales en una transformación sostenible de largo plazo.